Droga e Hipocresía. El caso Moria Casán, Cocaína, y Paraguay.

DROGAS E HIPOCRESÍA.
El caso Moria Casán, Cocaína, y Paraguay.

Por Juan Carlos Mansilla
Publicado en diario La Voz del Interior el 30/12/2015
http://www.lavoz.com.ar/opinion/drogas-e-hipocresia 

¿Hipocresía de época? En Paraguay, el país sudamericano que más produce y provee marihuana, con ocho mil hectáreas plantadas y una producción que rondaría las 60 mil toneladas anuales de la hierba ilegal, a Moria Casán (foto) se le dictó prisión preventiva por llevar en su billetera 1,6 gramos de cocaína. Lo segundo fue noticia. Lo primero, no.
Si bien es cierto que la legislación 
del país vecino permite la tenencia, sin consecuencias legales, de hasta dos gramos de cocaína, al sujeto que se le encuentra debe presentar al juez un escrito que comienza diciendo: “Que vengo por el presente escrito a solicitar se me declare ‘toxicómano’, de conformidad al artículo 28 de la ley 1.340/88...” , luego de un procedimiento legal, médico y bioquímico.
El juez podrá someterlo a una in­terna ción para su rehabilitación. Pero si no logra el diagnóstico de “adicto”, quedará expuesto a ser considerado un criminal con una pena de entre 5 y 15 años de prisión.
Como se ve, los 1,6 gramos de cocaína de Moria Casán la colocaron ante dos indeseables alternativas: es una criminal o una enferma. A lo mejor, de esas opciones, le cabe una, pero ¿qué pasa si no es así?
El caso pone blanco sobre negro la emboscada del trato médico-legal a los con­sumidores en la actualidad. Porque, en realidad, la mayoría de los usuarios de marihuana, cocaína y otras drogas no están enfermos ni son criminales.
Estigmatización
Algunos estudios estiman que el 10% de los que experimentan con marihuana desarrollarán una adicción. El número sube al 30% en el caso de la cocaína. ¿Es decir que se puede consumir drogas sin ser un “toxicómano”? La respuesta es sí, aunque ello implica un alto riesgo.
Sin embargo, cualquier tipo de consumidor en el lugar de Moria buscaría a toda costa ser declarado “enfermo toxicómano” (aunque no lo sea), sólo para liberarse del trato que la Justicia da a los criminales.
La salida que le queda, en caso de que sólo sea consumidora ocasional, es la de ocultarlo y estigmatizarse con la marca pública de “drogadicta”.
Criminal o enfermo es, en realidad, un falso dilema lógico, una falacia del tercero excluido, no sólo para la legislación paraguaya sino también para un tipo de opinión pública construida sobre la base de información equivocada, fundada en prejuicios culturales y no en evidencia científica.
Dividir el mundo entre “no-consumidores” y “drogadictos” nos hace tragar varios sapos. Ayuda a sostener una mirada hipócrita sobre la diversidad de los consumos de drogas, y a rotular de manera negativa a los consumidores, convirtiéndolos en población oculta.
Aquí, los grises son lo que importa. ¿Qué vamos a hacer como sociedad 
con la mayoría de los usuarios de drogas que no desarrollaron adicción? ¿Los vamos a perseguir con la Justicia? ¿O los vamos a obligar a reconocerse enfermos mentales?

Hay una tercera alternativa, que pasa hoy por el llamado ­enfoque de salud pública, por el cual a la valiosa prevención y a la necesaria asistencia se añaden las estrategias de reducción de daños, a través de las cuales se acompaña a los usuarios de drogas que no pretenden dejarlas, con información y presencia institucional a fin de que puedan minimizar los daños del consumo para sí y para terceros, a asumir los riesgos de sus prácticas y, en el mejor de los casos, a problematizarlas, sin obligarlos a ponerse los rótulos ni de enfermo ni de criminal. Eso hace sentir salvador a quien rotula, pero aleja al rotulado de cualquier propuesta de ayuda genuina.
Hay demasiada hipocresía en nuestra sociedad en torno del consumo de drogas, que sólo ayuda a que el problema avance oculto bajo la alfombra.

Memoria de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones (2011-2015), Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Córdoba

Memoria de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones.  Sepadic .(2011-2015)
Ministerio de Desarrollo Social.
 Gobierno de Córdoba.

Ministro: Dr. Daniel Passerini.
Sub-secretario: Lic. Juan Carlos Mansilla.


De la Prevención y Otras Historias

De la Prevención y Otras Historias
Historia de la Prevención de Drogas en Iberoamérica. (2015)

Este libro es un esfuerzo pionero e innovador de noviembre de 2015. Es una de las primeras veces que se reúne la historia de los estudios sobre prevención en buena parte de los países de América Latina y Europa. Esa visión global y comparativa será una referencia para cualquier intento de política publica, pero igualmente para comprender un fenómeno tan complejo como la prevención de las adicciones.

El libro está editado por los expertos Augusto Pérez Gómez (Colombia), Juliana Mejía Trujillo (Colombia), Elisardo Becoña Iglesias (España).

El capítulo de la "Historia de la Prevención en Argentina" ha sido escrito por el Lic. Juan Carlos Mansilla y la Lic. Lucrecia Esteve De Lorenzi, con la colaboración de: Lic. Perla Figueroa, Lic. Mariana Márquez, Mgter. Roberto Moro, Dr, Mario Elizalde, Lic. María P. Baudés, Lic. Mercedes Aranguren, Lic. Aldo Dománico, Dr. Alfredo Miroli, Dr. Daniel Alderete, y Dr. Hugo Míguez.

Puede ser bajado de manera gratuita en la versión de la Editorial, haciendo click abajo, en la tapa del libro. Ingresará así en la web de la Editorial. Deberá entonces "Añadir al Carrito" y llenar sus datos personales para inscribirse en esa web.

También puede bajarlo en formato PDF (versión preliminar), haciendo CLICK AQUÍ.


Tabaco y Marihuana - El Efecto Globo de Agua

Tabaco vs. Marihuana

El efecto "Globo de Agua"


Lic. Juan Carlos Mansilla – Psicólogo
www.juancarlosmansilla.com 
Publicado en diario La  Nación el 30/Set/2015 
http://www.lanacion.com.ar/1832334-el-riesgo-del-efecto-de-globo-de-agua  




Son claros los datos epidemiológicos de Argentina que muestra cómo el consumo de Marihuana es una práctica ascendente en toda la población argentina. Sin embargo, por razones de vulnerabilidad psicológica, momento madurativo, procesos de  integración social, impacto en el aprendizaje,  y seguras consecuencias futuras, el  consumo de marihuana entre adolescentes es donde más debería preocuparnos esta tendencia.

Según datos nacionales, entre el año 2001 y el 2014, la prevalencia anual del consumo de cannabis  entre estudiantes secundarios en
nuestro país,  aumentó dramáticamente. Cuando en año 2001 se preguntaba a estudiantes secundarios si habían consumido marihuana ese último año, 3.5 de cada 100 decía que sí. El año pasado respondía por la afirmativa casi 12 de cada 100 alumnos. El aumento fue del 340% ¡¡  

Sin embargo no todas parecen ser noticias negativas en el tema drogas. El consumo de  tabaco por ejemplo, parece venir en franco retroceso. En el año 2001 casi 25 adolescentes de 100 afirmaban haber consumido tabaco el último mes. En el año 2014 fueron 15 de cada 100. Es decir que la prevalencia mensual respecto a esta sustancia, bajó un 40% en estos  últimos 13 años.

El consumo de tabaco a temprana edad, aumenta notoriamente la posibilidad de desarrollar una adicción a esta sustancia, con todas las limitaciones físicas que esto implica en la vida de una persona en proceso de crecimiento. Por otra parte hoy depender del tabaco trae claras consecuencias sociales, por las limitaciones legales y culturales impuestas a esta práctica.

No hay ningún estudio que indique  que la baja en consumo de tabaco se haya desplazado automáticamente a un mayor  consumo de marihuana. Sin embargo, es común observar en los datos epidemiológicos internacionales, que cuando alguna droga baja su consumo en un país  o región, aparece un aumento en el consumo de otras sustancias.  

A este fenómeno  se lo denominó “Efecto Globo de Agua”. Porque
un globo  disminuye su tamaño donde  lo apretamos,  pero aumenta  en el extremo  que queda  libre.

Siguiendo la metáfora, la pregunta podría ser: ¿Hemos “apretado” al tabaco de alguna manera, y dejado “libre” a la marihuana?.

De cómo se viene trabajando con el tabaco tenemos mucho que aprender.  Hace años nos resultaba imposible pensar que se podría 
prohibir  fumar a alguien  en una café, un aula universitaria, o cualquier oficina pública. Estaba “encarnado” en nosotros  el derecho  de fumar. Y pasaba por autoritario, intolerante, y hasta irrespetuoso  aquel que pidiera a otro apagar su cigarrillo por la razón que sea. La “culpa” era siempre del no fumador por no saber convivir con el humo ajeno.

Hoy en día esa perspectiva tan arraigada, pegó un giro de 180°. Se pudo cambiar. Para ello se puso en marcha una legislación pertinente, nuevas perspectivas como la del “ambiente libre de humo”, restricciones a la publicidad del tabaco, y distintas acciones que lo hicieron entrar en una especie de “desprestigio”.  


¿Quién hoy no está informado sobre los destructivos  efectos del cigarrillo en la salud?, ¿Quién no lo relaciona con el cáncer y el EPOC?.  ¿Quién no se percibe agresivo por echar humo en medio de gente que no fuma?

Pero la Marihuana no parece ir por el mismo camino. Su status de sustancia  “ilegal” entre otras cosas impide una regulación realista y programada, como sí se pudo hacer con el tabaco. Si el tabaco fuese  ilegal seguramente  otra sería la historia. Y eso que en estudiantes secundarios, de hecho lo es, por cuestiones de edad,  pero  en un marco social y cultural donde está legitimado y a la vez controlado.

Pero hoy las cosas están como están. Y en este contexto  debemos insistir con el daño que implica la marihuana en adolescentes, donde el desarrollo cerebral aún está en crecimiento, y donde los procesos de aprendizaje( claves para un crecimiento personal satisfactorio), resultan atacados por el cannabis.



La política regulatoria sobre el tabaco deja lecciones y algo de optimismo frente al problema de las drogas, pues es una de las pocas a las cuales podemos señalarle algunos éxitos. Por el contrario, dejar “libre”, es decir sin regulación,  a una sustancia como la marihuana,  parece ser en vista de los datos expuestos,  una idea a revisar. 

Políticas en Tránsito sobre Drogas

Las "Políticas en Tránsito" dejan que
Ganen Las Drogas.

(2015) 
Autores:
Sr. Carlos Souza.
Lic. Juan Carlos Mansilla
@juanenlinea

Publicado por diario Clarín
http://www.clarin.com/opinion/Sedronar-Narcotrafico-Salud_Publica-Adicciones_0_1372062818.html 


Cada tanto surge en nuestra sociedad la discusión de si Argentina es un país de tránsito o de consumo de drogas.
Ante esta cuestión, proponemos la siguiente pregunta: los funcionarios responsables de las políticas públicas en adicciones en Argentina, ¿son funcionarios estables, o son funcionarios de tránsito?



La Sedronar, el organismo público responsable de coordinar las políticas en este rubro, ha tenido en los últimos cuatro años y medio cinco responsables a cargo de esa institución. Es decir, en nuestro país hemos tenido “funcionarios de tránsito”.
En diciembre de 2011, el secretario José Granero (un odontólogo) fue sucedido por el Dr. Rafael Bielsa (un diplomático). A su renuncia, la Sedronar queda a cargo del Dr. Postiglioni (un ex director de la Policía Aeroportuaria). Luego asume como titular Juan Carlos Molina (un cura). Hasta que hace pocos días asumió el nuevo secretario, es el Dr. Lerner (un abogado), quien probablemente en pocos meses dejará el cargo ante el recambio de autoridades nacionales.



¿Es posible concretar entonces una política pública nacional coherente en un tema tan sensible como el del consumo de drogas en el marco de esta vorágine de cambios?
Sin dudas que no.
Conviene que Argentina vuelva a plantear una discusión federal del problema del consumo de sustancias. Un grave error de Molina fue haber desarticulado el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) que funcionaba desde 1996, posibilitando un trabajo interprovincial en este tema, y la coordinación de acciones entre las provincias y la Nación.
La desarticulación generó en muchas provincias el surgimiento de políticas públicas paralelas. La Nación, por su parte, “bajaba” al ámbito de las provincias con estrategias que no se integraban necesariamente con la acción provincial, generando intervenciones superpuestas.

Por otra parte el “Plan Federal de Drogas” del país, aprobado por COFEDRO, fue suplantado por un “Programa Nacional”, centralizado desde las oficinas capitalinas.
La articulación necesaria no debe pensarse solo en el plano de lo público, sino también abriendo la participación a ONGS especializadas que vienen trabajando hace décadas en este campo, así como a otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que, por su propio desempeño social, responden a los desafíos que plantea el consumo de drogas.
Una política sobe drogas tiene que sostenerse en el tiempo y responder al modelo hoy definido internacionalmente como “Nuevo Paradigma”.
Algunos aspectos propios de este modelo son:
1)      Los consumos problemáticos se enfocan desde la “salud pública”, integrada por la salud física, la salud mental, y la salud social. Apartándose del énfasis que siempre se puso solo en la seguridad. De esta manera, se trabaja sobre toda sustancia susceptible de generar dependencia, independientemente de su status legal, y se considera imprescindible abordar desde la atención primaria en salud el consumo de alcohol y otras drogas.
2) La tenencia de drogas para uso personal no convierte al consumidor en un “pequeño narcotraficante”, por lo que se debe priorizar el abordaje educativo-sanitario por sobre el punitivo. A las acciones preventivas y asistenciales actuales es necesario sumarle estrategias de reducción del daño, a fin de que el Estado acompañe a aquellas personas que por diferentes factores continúan consumiendo drogas.
3)   Organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y OEA proponen, a través de diversos documentos orientativos, la instrumentación del “Enfoque de Derechos” en el diseño de políticas públicas en drogas. Esto implica centrarse en la persona y no en la sustancia. La perspectiva sobre el consumidor se enmarca en el respeto de los derechos humanos y lejos de cualquier tipo de estigmatización.
El desafío político, entonces, es volver a generar las condiciones para un amplio diálogo intersectorial, reconociendo al COFEDRO e incluyendo protagonistas del tercer sector, como lo es la Federación que nuclea a más de setenta ONGS (FONGA) que trabajan hace décadas en la prevención y asistencia de manera continua y articulada.
Sedronar está hoy frente a la posibilidad de sumar las áreas homólogas de las provincias, coordinando acciones con el sector de salud, educación, desarrollo social y justicia del gobierno nacional, y dándoles un lugar adecuado a las entidades intermedias y a las organizaciones religiosas de los distintos credos que se han manifestado comprometidas con el problema.
Quienes están en la base de la pirámide sufriendo permanentes cambios de responsables políticos, son -además de la sociedad en su conjunto- los sectores más vulnerables, que son los que más necesitan la llegada del Estado de manera sistematizada y articulada, y no de modo errático.
El consumo de drogas es claramente una realidad anclada en nuestra sociedad. No es un problema de paso. Y necesita respuestas claras, interjurisdiccionales, y permanentes.
¿Será ésta coyuntura la que brinde la oportunidad para comenzar un diálogo que permita la construcción de respuestas a largo plazo?



Programa de Prevención Laboral: Sindicatos en Acción.


Programa de Prevención Laboral: Sindicatos en Acción. 

Manual para la implementación de programas de prevención en el ámbito laboral. Implementado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. (2015) PDF Click Aquí.




Apuntes Históricos de la Política Pública en Consumo de Drogas de Argentina

Claro-Oscuros de las Políticas Públicas Nacionales sobre
Consumo de Drogas en Argentina 
(Apuntes desde sus inicios en el Gobierno de Lanusse,  hasta la renuncia del cura Molina
a cargo de Sedronar, en mayo de 2015)


juanenlinea@gmail.com
@juanenlinea 



Lic. Juan Carlos Mansilla.
Psicólogo.
Director del Centro de Estudios sobre el Fenómeno de las Drogas.

Universidad del Museo Social Argentino.
Sub-secretario Prevención de Adicciones de Prov. de Córdoba.




El presente trabajo, es una contribución abierta para la reflexión sobre como se construyen las Políticas Públicas sobre Consumos de Drogas en nuestro País. Así como los aciertos en estas políticas traen claros beneficios a la comunidad, los déficit en esta construcción no resultan inofensivos, al generan daños, pérdidas de tiempo y en presupuesto público. 

Retrasando las respuestas que deberían darse a la ciudadanía en materia de Prevención, Asistencia y Reducción de Daños.

Sin dudas, lo aquí escrito podrá discutirse y cuestionarse. Pero es mi visión al día de hoy respecto a este tema, y mi presentación de propuestas sobre lo mucho  que  puede hacerse en este campo de acción.

Córdoba, Argentina 17 de mayo 2015.


Nota: Texto de uso libre. Si va a utilizarlo por favor citar Autor, y dirección del Blog.


Comienzo de la Historia.

Lo que podríamos llamar Políticas Públicas sobre el Consumo de Drogas en Argentina tiene un comienzo difícil de determinar y que responde a la tradición restrictiva surgida en occidente desde fines del s XIX. Los Estados intentaban afrontar el problema de las drogas, especialmente Morfina  Cocaína y Marihuana, de la mano de leyes prohibicionistas.

En Argentina en 1924, y 1926, se crean las primeras leyes que penalizan la venta y entrega de alcaloides sin receta médica, y la tenencia no justificada de las mismas (leyes 11.309 y 11331).

Aunque con los años nuestra legislación sobre drogas sufrió diversas modificaciones, recién en 1972, bajo el Gobierno de facto del General Lanusse, (Decreto 452) se crea la primera institución nacional dedicada al tema del "Consumo de Drogas", la “Comisión Nacional de Toxicomanías y Narcóticos” (CONATON) dependiente del Ministerio de Bienestar Social.

CONATON debía formular  una política sobre el “problema de las drogas” que
Presidente de facto (marzo de 1971 - mayo de 1973
creador de CONATON.
pudiera ir más allá de las meras leyes focalizadas en la prohibición o regulación de sustancias psicoactivas.  

Los objetivos de la comisión estaban claramente expresados en su documento fundacional:  “la investigación, educación, prevención, asistencia, legislación, y represión de las toxicomanías”.  Como se ve todo de manera conjunta y sin diferenciación.

Esta creación del Gral. Lanusse, fue un mojón en la historia de las Política Pública de Drogas en Argentina, e implicó la construcción de una respuesta confusa al problema que planteaban “las Drogas”. Aparecía mezclado el problema de la Oferta de Drogas, con el problema de su Demanda. De esta confusión no se ha salido del todo hasta el día de hoy.

Con la creación de la CONATON, quedó claro la influencia de la perspectiva norteamericana promoviendo para nuestro país y todo Latinoamérica un  Paradigma Asegurativo  en la programación de una Política Pública nacional en el tema.
Argentina se encontraba en el marco incipiente de la “Lucha contra la Subversión”. El ministro de Bienestar Social, Manrique, respaldaba la creación de este nuevo organismo diciendo: “el consumo de drogas corroe la moral de los jóvenes y los mueve a seguir a grupos que tratan de subvertir el orden social[i].

La CONATON, si bien era coordinada desde el  Ministerio de Bienestar Social respondía al paradigma de la seguridad y control social. Sin decirlo abiertamente sostenía que las drogas influían sobre la “ideología de la juventud”, encauzándola hacia grupos de izquierda que para entonces resultaban amenazantes para el orden social.

Paradójicamente, testimonios y documentos de época, que explicaban el avance del Hippismo y su fascinación por el uso de drogas como señal contracultural, mostraban cómo grupos de jóvenes militantes en expresiones opositoras (P.e. Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, etc), eran contrarios al uso de drogas ilegales entre sus filas, (salvo las anfetaminas), por razones culturales, ideológicas y sobre todo de seguridad.

Consideraban que el uso de la marihuana era una práctica “Cipaya”, congruente con intereses extranjeros, y también peligrosa por cuestiones de exposición, pues implicaba un riesgo extra de tener problemas con las fuerzas de seguridad, tanto para quien consumía como para sus compañeros.[ii]
El Ministro Lopez Rega declaraba durante la presidencia de
María Estela Martinez de Perón,  que
el "drogadicto" era también un "subversivo".

Esta visión de amalgamar en una misma figura al consumidor de drogas, y al militante político de izquierda, se acentuaría en  la tercera presidencia de Perón, bajo el liderazgo del inefable José Lopez Rega en consonancia con la  “Doctrina de Seguridad Nacional” bajada desde el norte por la diplomacia estadounidense y por la tradición militar francesa.





Argentina se posiciona…

En 1985, bajo el gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín, se creó la “Comisión Coordinadora para el Control del Narcotráfico y Abuso de Drogas”, que funcionó primero en el Ministerio de Salud y Acción Social pasando luego al ámbito Presidencial.

Esta Comisión avanzó hacia una perspectiva de Educativo-Sanitaria, apartándose de la perspectiva del Control-Social con la cual se operaba.  Aparecieron los primeros esfuerzos en llevar el concepto de Prevención a las políticas locales municipales. Sin embargo los resultados fueron escasos y focalizados en la provincia de Buenos Aires.

Aquel gobierno sostuvo un fuerte vínculo con la política persecutoria al Narcotráfico
El presidente Alfonsín (1983 - 1989)
confrontó con el gob. de los EEUU responsabilizándolos de
ser el principal país consumidor de drogas. 
promovida por los EE.UU.,  tal como lo pone en evidencia una carta convenio firmada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, y la Embajada Norteamericana.


Pero aunque se militarizó la lucha contra el narcotráfico y establecieron marcos jurídicos para operaciones encubiertas en nuestro territorio, fué el presidente Alfonsín, quien por primera vez confrontó la perspectiva estadounidense promotora de la Guerra contra las Drogas iniciada en la administración Nixón.

Sucedió que en la “Segunda Conferencia de Jefes de Servicios Nacionales de la Droga para América”  desarrollada en Buenos Aires en 1988 y organizada por INTERPOL, su Secretario General,  el norteamericano Raymond Kendall acusó a “Sudamérica” de haberse “convertido en un sinónimo de Drogas Ilícitas”. Era un insulto de graves consecuencias políticas para la región.

Dejarlo así suponía aceptar que el problema de las drogas en el Primer Mundo era responsabilidad sudamericana.

La respuesta de Alfonsín no se hizo esperar y sorprendió por lo confrontativa. El presidente criticó el enfoque “ofertista” del estadounidense, a la vez que decía que “no se puede ser duro en una parte, y permisivo en otra”, y añadió: “al mismo tiempo que se ataca la producción hay que ver de qué manera se ataca también el consumo[iii]. Años después la actual presidenta Dr. Cristina Fernández tendría una posición similar en un encuentro de presidentes en Naciones Unidas.

En aquella respuesta de Alfonsín, se encontraba de manera incipiente la tensión entre dos enfoques actualmente confrontados el de Seguridad vs. el Paradigma de  Salud Pública.

En la reciente reunión de la Comisión de Narcóticos de la ONU, celebrada a comienzos de marzo del 2015 en Viena, el experto en políticas internacional sobre drogas Martín Jelsma del TNI, destacó la mirada opuesta que tienen los países Latinoamericanos respecto a países que comparten la visión de  los EE. UU.: “La brecha (entre ambos grupos) es cada vez mayor… los nuevos enfoques siguen creciendo y se encaminan hacia una colisión frontal” explicó. 
Es desde Latinoamérica  donde comienza a levantarse la voz sobre el
fracaso de la prohibición tal como está ahora.  

De alguna manera esta actual diferencia de miradas tuvo su germen en aquella reunión de Bs. As. de 1988 donde se expusieron las posturas opuestas del norteamericano Kendall y del presidente Raúl Alfonsín.

Es llamativo como varios años después, el 26 de Octubre de 2004, Kendall en una nota de opinión en el diario Francés Le Monde se mostró totalmente contrario a la postura que tuvo en Argentina, dando la razón 16 años después a Alfonsín.

En esa  nota decía: “Cómo oficial de policía, tengo que asumir una gran responsabilidad y admitir que la gestión de los instrumentos de represión del narcotráfico no ha alcanzado el objetivo de limitar el consumo luchando contra la oferta”. Explicaba en el artículo que ese fracaso se dio “a pesar que la policía ha sido provista de  abundantes materiales y las últimas tecnologías” para dar batalla en el campo Internacional.

Y se preguntaba y respondía ““¿Por qué entonces, a pesar de estos esfuerzos titánicos hemos fallado en proteger al mundo de estos productos? Al llegar a esta altura de mi larga carrera he concluido que la doctrina de la “Guerra contra las Drogas” inspirada en los EE. UU. fue errónea, porque cayó en un planteo irracional del problema”[iv].


Nuevos Miradas y nuevas Respuestas…

La Comisión Coordinadora para el Control del Narcotráfico y Abuso de Droga del gobierno radical, avanzó por primera vez, y con tímidos pasos hacia lo que hoy se define como “Cambio de Paradigma”,  fijando la atención en temas referidos al acceso a la Prevención y modalidades de Tratamiento, y en la construcción de una mirada no punitiva sobre la tenencia de drogas para uso personal.

Durante esa gestión se intervino el Centro Nacional de Reinserción Social (CENARESO, hoy Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones), con el objetivo de adecuarlo a estándares de tratamiento presentes en EEUU e Italia, y se estableció un convenio con el Centro Italiano de Solidaridad (CeIS) con aportes de Naciones Unidas, a fines de  crear la primera Escuela de Formación[v] en el Modelo Italiano de Comunidades Terapéuticas de Rehabilitación.  

El CeIS de Roma tuvo  cental influencia en  los primeros profesionales argentinos capacitados en el Modelo de Comunidad Terapéutica. Aquí la "Filosofía" de las Comunidades tradicionales, que se traduciría al español y repetiría en las primeros Centros de Tratamiento que respondía a ese modelo de trabajo.

Profesionales argentinos de Buenos Aires, Córdoba y Salta viajaron en aquel entonces a Italia a recibir entrenamiento en dicho modelo. A su regreso, su aporte fue clave para desarrollos de programas terapéuticos tanto oficiales como del tercer sector.

En Córdoba por ejemplo aquellos primeros profesionales como la Lic Norma Muñoz ,trajeron un modelo de intervención novedoso en ese entonces  que ayudó al armado del  Programa de Atención al Joven, dependiente del Ministerio de Salud Provincial,  destinado a asistir a jóvenes adictos cordobeses. Operadores como Rubén Gonzalez, o Carlos Souza, de Buenos Aires, o el Lic. Arquatti de Salta, luego líderes en distintas organizaciones asistenciales en adicciones,  hicieron un histórico aporte en ese entonces. 

En Buenos Aires se instaló la Escuela de Formación dirigida por el italiano Andrea de Dominici, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (Res: AD/ARG/87/525). El entrenamiento vivencial realizado por técnicos en el Proyecto Hombre del Ceis de Italia,  contribuyó a la formación  de líderes latinoamericanos en el modelo de Comunidad Terapéutica, que se desempeñarían en países como Guatemala, Colombia, Perú, México, etc[vi].

Esta escuela de formación capacitó operadores y profesionales entre los años  1988, y 1990. Se formaron 27 operadores socioterapéuticos en el Proyecto Hombre de Roma,  y 189 en la Escuela que funcionó en Argentina[vii].

De una mirada claramente Jurídico-Represiva Argentina fue girando a un enfoque donde se asomaba lo Educativo-Sanitario, aunque en la balanza se continuaba con  un evidente desequilibrio hacia la perspectiva de Seguridad. 

El enfoque Educativo-Sanitario ingresó en la agenda Política poco a poco porque la realidad de los consumidores de drogas en nuestro país no podía ser disimulada ni ignorada. En una entrevista del diario Colombiano “El Tiempo” en 1996, el  por entonces ex –presidente Raúl Alfonsín, asiente que Argentina hasta “hace unos años se consideraba un país de tránsito, pero no de consumo”, y agregaba: “Yo creo que ahora comienza a observarse un incremento fuerte del consumo, lo que obliga a tomar las medidas pertinentes[viii].

En realidad aquel gobierno radical nunca dispuso de datos epidemiológicos válidos sobre la dimensión del consumo de drogas en la Argentina. La introducción del tema en su agenda política no fue  resultado de estudios de incidencia y prevalencia del  problema, sino la necesidad de resignificar al consumidor de drogas como un ciudadano con derechos civiles que proteger, en vez de un potencial subversivo político.

 Aunque durante esos años continuó vigente la “Ley 20.771 sobre estupefacientes”, en la cual se penalizaba con prisión o tratamiento compulsivo la tenencia de drogas para uso personal, la Corte Suprema  consideró inconstitucional en el llamado “Fallo Bazterica” al artículo VI° de dicha ley, que sancionaba ese tipo de tenencia. 
El Fallo Bazterrica, sentó un antecedente clave en la
discusión de la despenalización de la tenencia de drogas
para uso personal. Gustavo Bazterrica a la derecha, bajista
de la historica banda "Los Abuelos de la Nada"

 Para entender las Políticas Públicas sobre drogas en Argentina, es clave interpretar cómo nuestros más altos líderes políticos definen este problema, la visión continental que prevalece, la posición de la Corte Suprema ante casos especiales de tenencia para uso personal, y la cercanía-lejanía política de nuestro país respecto a los EE.UU.

Durante el Gobierno de Alfonsín, comenzó de manera progresiva a visibilizarse el problema del Consumidor de Drogas y a responderse en consecuencia. 

Se desarrollaron Políticas de respuesta desde lo asistencial, que favorecieron la aparición y crecimiento de Organizaciones No Gubernamentales en este campo específico, y se redefinió el enfoque de las instituciones públicas abocadas al problema.

De hecho es en 1985 cuando se crea la Fundación Convivir, una de las pioneras en el área de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en nuestro país, y contemporánea del Programa Andrés, creado en 1982, que en el modelo de Comunidades Terapéuticas ocupó un liderazgo indiscutible y fue “madre” de instituciones activas hasta el día de hoy.

El regreso de la democracia visibilizó al “adicto” como un ciudadano con problemas particulares sobre los cuales el Estado debía intervenir respetando sus derechos. 

Un aporte trascendente  de la Fundación Convivir fue haber presentado en 1986 un proyecto en la UBA para la “Inserción de la Temática de la drogadicción en el diseño
Fundación Convivir junto a Programa Andrés
fueron ONGs claves en la década de los 80
curricular universitario
[ix]”, con el objetivo de concretar la creación de una cátedra de post-grado interdisciplinaria, lo cual se efectivizaría dos años más adelante.

Fue esta  ONG la que abrió la mirada de la academia a un enfoque que trascendiera la perspectiva Médico-Psiquiátrica clásica de aquel entonces, integrando lo multi y trans-disciplinario. 
 Instituciones y referentes de peso histórico como la FAT, (ONG fundada en 1965 ) y dirigida por el Dr. Santiago Calabresse, y el Dr. Cagliotti del CENARESO abonaron un discurso en donde la Educación y la Salud debían ser ejes estratégicos en el tema de las adicciones. Rescataban un enfoque psico-socio-cultural[x] , superando la perspectiva médica imperante. 

Calabresse se esforzó en construir un discurso desentendido de la mirada represiva sobre el consumidor de drogas. Eran épocas de pos-dictadura. Todo lo relacionado con lo “represivo” causaba un rechazo que debía ser superado. Sin embargo, por la inercia cultural que dejó la época militar no resultaba fácil. 

Se venía de tiempos en que, a partir del enfoque norteamericano y el de la dictadura, el estereotipo del consumidor respondía a la figura del Joven-Adicto-Subversivo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por apartarse de ese modelo, la visión alternativa que comenzó a desarrollarse apuntaba al Joven-Adicto-Desviado (o enfermo), a quien se debía tratar con estrategias de internación, para protegerlo de sí mismo, ya que se lo definía como un “enfermo con características autodestructivas[xi].

 Lo que en la década del 80 estaba centralmente en discusión era que tipo de internación  era la mejor para un “adicto”, y las opciones se dirimían entre el modelo de Instituciones Psiquiátricas (pertenecientes al campo de la salud), o el modelo de Comunidad Terapéutica Rígida (pertenecientes al campo de lo religioso y/o experiencial).

Fue una época controversial, en la que los temas que la dictadura se había encargado de invisibilizar salían a luz. Un término que definió la cultura de aquel entonces fue  el del “Destape”. 

En el último tramo de la dictadura militar (1983) el primer suplemento de la revista “El Porteño”, Cerdos & Peces, puso en la tapa el siguiente título: “Legalizar la Marihuana”, acompañada de la imagen de dos amigos pidiéndole fuego a un policía para prenderse un porro. Al día siguiente la administración de la revista  sufrió un atentado con una bomba de dos kilos de trotyl. Ese era el nivel de tensión. 
Suplemento "Cerdos & Peces". Dos amigos fumando marihuana delante de Policías. 1983.

Quienes extrañaban la época militar atribuían todos los males que se visibilizaban, incluida las drogas,  al “destape” de la incipiente “democracia”. El papel de extraños y amenaza que antes ocupaban los jóvenes de izquierda, fue sustituido por los jóvenes consumidores de drogas. El cantautor León Gieco lo diría en 1992 en su tema “Los Salieris de Charly”:
          “¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo?, ahora que no existe el comunismo.      ¿Estarán pensando igual?, ahora son todos enfermitos. ¿Estarán pensando      igual?, ahora son todos drogadictos”[xii].

En un reportaje que el 8 de diciembre de 1987 del diario español “El País”, Silvia Alfonsín[xiii], fundadora de la Fundación Convivir, habla sobre esto:
          “Son muchos los que achacan la llegada de las libertades al país andino al surgimiento de la droga. Sin embargo Silvia Alfonsín explica que la democracia lo que ha hecho ha sido “destapar la olla y resucitar los problemas”.

Otro paso importante, en la Política Pública el tema, fue la Ley 23.358, sancionada en agosto de 1986, donde “El Poder Ejecutivo Nacional por Intermedio del Ministerio de Educación y Justicia” incluyó en los planes de estudios primarios y secundarios contenidos para “establecer una adecuada prevención de la drogadicción”. En su art. 3° de esta ley se hablaba de realizar difusión preventiva a través de los medios de comunicación.

Aunque el gobierno que recuperó la democracia, puso en su agenda el tema adicciones, y se esforzó por diferenciarlo de la mirada que arrastraba de la época de la dictadura, los prejuicios y estigmas sociales estaban fuertemente instalados, y habían grandes diferencias acerca de cómo se percibía el consumo de drogas en la  geografía argentina. 

En ese entonces “las drogas” era un problema de los “porteños ricos”. Todavía no se percibía como problema propio de las demás provincias argentinas.

La ley de drogas no pudo modificarse aunque el dictamen de la Corte Suprema de la época con el  “Fallo Bazterrica”, fijó jurisprudencia al considerar la tenencia y consumo personal de drogas como una instancia sobre el cual el Estado no debe intervenir.


Sin Datos…

Terminó el período Afonsinista en el país, y lo sucedió el presidente Carlos Saúl Menem quien asumió su función en Julio de 1989 luego de una fuerte crisis político-económica.



Con el nuevo gobierno  se creó la “Secretaría de Programación para laPrevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico”, SEDRONAR,  dependiente de Presidencia de la Nación y por lo tanto de rango ministerial. Este organismo continúa vigente hasta el día de hoy habiendo pasado por innumerables cambios y marcando en mayor o menor medida la Política Pública Nacional en materia de Drogas.

Argentina se definía como un país de “tránsito” de drogas, y no de “consumo”. En una nota que me tocó escribír para el Instituto de Estudios en Adicciones de España en el año 1998 decía:  
         Durante mucho tiempo la República Argentina fue un país que se definió a sí mismo como país de "tránsito de drogas". Esto significaba que el problema del consumo de drogas ilegales no era aquí visto como un fenómeno lo suficientemente general como para asignarle a la Argentina la identidad de "país de consumo"[xiv].

Esta visión de que no éramos en los 90 “país de consumo”, aparecía de manera reiterada en boca de funcionarios políticos entrevistados por la prensa. Curiosamente hace pocos días el actual Jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo la misma frase para caracterizar hoy a nuestro país : “no somos país de consumo”.

El problema con esa expresión es que describe una realidad que no puede basarse en ningún indicador claro desde lo epidemiológico. No hay ningún acuerdo de expertos  a nivel estadístico del cual surja un línea divisoria entre lo que es “un país de No consumo”, de un “país de Sí consumo”. Por  tanto es una frase que ostentando la falsa pretensión de provenir del campo de la epidemiología, pertenece en realidad a la esfera de la conveniencia política.

En la época del menemismo no hubo estudios epidemiológicos fiables a nivel nacional acerca la dimensión del consumo de drogas en Argentina. Fueron sobre todos los trabajos de la Dra. Ana Lía Kornblit[xv], y del Dr. Hugo Míguez[xvi]  los que referenciaron con datos duros lo que sucedía en el país.

También diversas ONGs e Instituciones Públicas llevaron sus registros sobre el fenómeno. No obstante no hubo ninguna institución que centralizara esos datos, propusiera relevamientos nacionales, o estudiara tendencias del consumo a nivel país, salvo los referido a las drogas legales (alcohol, tabaco y psicofármacos).

Los estudios que comenzaron a profundizarse hacia la década de los 90 se distinguen en dos grupos: Por un lado las investigaciones que pretendían caracterizar la población “drogadicta”, los cuales eran realizados por la policía, centros de salud especializados, y Ongs. en el tema;  y por otra parte  los estudios focalizados en las poblaciones “de riesgo” determinando la prevalencia e incidencia de consumo en esos grupos específicos.

Así se estudiaban por ejemplo el consumo de drogas en la población carcelaria, judicializada, estudiantes del último año del secundario, a los que realizan el servicio militar, y demás.

Cuando en el año 1989 se debate en diputados la nueva ley de Drogas (Ley 23.737) el diputado democristiano Eduardo González refiere que en  Argentina en el año 1965 había “ciento treinta drogadictos de opio, morfina, y heroína[xvii]. En 1974 la UBA hablaría de “dos mil fumadores de marihuana” de entre 13 y 15 años. 

En el mismo debate otro legislador señala datos del CENARESO en donde habría 300.000 consumidores de drogas de “abuso”, 20.000 de los cuales serían “adictos”. En ese mismo año el farmacéutico Alberto Lestelle, primer Secretario de la SEDRONAR hablaría de 60.000 adictos, y para 1991 se le diría a la prensa que llegamos a 100.000.

Recién en 1995 Lestelle presentaría los resultados de una  “Primera Encuesta Nacional”, de dudosa validez,  donde el 4.5% de la población había consumido drogas alguna vez (prevalencia de vida), es decir 1.500.000  argentinos. Siendo el número de adictos el 0.9%, casi 300.000 personas[xviii].

La estrategia comunicacional con la que se divulgó esta información a mediados de los 90 marcaría un estilo en la historia del fenómeno de las drogas de estos últimos 30 años. La agencia oficial TELAM se atajó diciendo que los datos “ubican a Argentina entre los países poco consumidores”. Lestelle por su parte sentenció: “Argentina es un país apenas traficador y consumidor[xix].

Sin embargo, se considera a la de 1999, la primera encuesta nacional válida sobre consumo de sustancias, cuando al frente de la Sedronar estaba el abogado y economista Eduardo Amadeo. Fue el Dr. Hugo Míguez, investigador reconocido internacionalmente, quien estuvo a cargo de este trabajo pionero. Se estimó en  600.000 la cantidad de  quienes probaron en Argentina drogas ilegales, y en alrededor de 200.000 los usuarios frecuentes[xx].

Se suele decir, y esto es válido para todo el mundo, que  los datos estadísticos sobre drogas siempre encierran malas noticias. En consecuencia, su obtención y posterior divulgación implican  un costo político que no todos los gobiernos están dispuestos a afrontar.

La mala estrategia ante esto permite tres opciones:  1) No investigar; 2) No divulgar lo investigado, o 3) Minimizar la dureza de lo que hay que comunicar para no dañar al mensajero.

De los 80 a la fecha  Argentina recurrió a esas tres vías, salvo el estudio de 1999 de Míguez ya citado, y durante la época en que  Sedronar delegó en el Observatorio sobre Drogas de Argentina ese trabajo entre 2004 y 2012.

En épocas del Secretario Dr. Granero es cuando tomó forma el Observatorio mencionado. Durante su gestión y la de su sucesor el Dr. Bielsa, el Observatorio Argentino sobre Drogas, coordinado por la Lic. Graciela Ahumada, elaboró informes sensibles, valiosos y orientativos para la generación de Políticas Públicas basadas en evidencia. Lamentablemente los estudios divulgados por este Observatorio se suspenden desde el 2012.

Volviendo a la década del 90, y en relación al tema del conocimiento de lo que pasaba respecto al consumo de drogas, el penalista Zaffaroni decía entonces:
          “Es imposible saber cuál es la situación real de abuso de sustancias en nuestro país. No hay datos.  Me explico: todos los datos son cuestionables. Detrás de cada estadística, hay un interés social. No sabemos cómo se recoge la información, los criterios de lo que la clasifican. En verdad, ellos han amplificado el problema. Pero no sabemos en qué medida. Esto es serio: es imposible formarse una idea de la importancia del uso de las drogas [...]. No, no hay datos[xxi].


Instituciones…

Describiré ahora cinco marcadores de contexto que a mi entender operaron como claves interpretativas para comprender el marco en el cual se crearon y desarrollaron,  la Sedronar, las ONGs en adicciones en Argentina, y las primeras Políticas Públicas locales sobre drogas.

          1.- En primer lugar sucedió que en 1988 se lleva adelante en Viena la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas  en la cual se pide a los países firmantes que adopten las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno… la posesión, la adquisición, o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal

En marzo de 1992 el Congreso de la Nación Argentina sanciona con fuerza de ley la aprobación de dicha convención[xxii].

Esa Convención de 1988 estableció y reforzó la tendencia a la construcción de una respuesta  punitiva y a una mirada jurídico-moral del consumo de sustancias. 

A partir del siglo XXI esa perspectiva recibiría fuertes cuestionamientos por influyentes líderes políticos latinoamericanos.


      2.- Un segundo aspecto fue la sanción de la ley 23.737 “Ley de Drogas” que siguiendo el espíritu internacional de la Convención ya referida, colocó al consumidor entre la definición de “enfermo” (a tratar médicamente o re-educar
compulsivamente), o “criminal” merecedor de sanciones penales por su conducta respecto a las drogas. No había más alternativas.

Un funcionario de la Sedronar de aquel entonces, Pellet Lastra, resumiría esta perspectiva diciendo: “Nosotros consideramos al adicto un enfermo, pero también una persona imputable de crear un peligro – potencial en unos casos, real en otros- a conocidos y extraños[xxiii].

La ley 23.737 si bien es autoría de un radical de la época de Alfonsín, el Dr. Lorenzo Cortesse, no representa en realidad el pensamiento del ala más “progresista” de su partido respecto al tema. Quizá por eso, fue importante para la aprobación de la ley los votos del sector peronista conservador, que luego la asumiría como propia.


      3.- El tercer aspecto al que me voy a referir tuvo que ver con el proceso de privatizaciones iniciados en el gobierno menemista, y que implicó un achicamiento de la calidad y cantidad de los servicios provistos por el Estado

La Política de Sedronar en el tema de la Prevención y Asistencia tuvo en sus orígenes esa impronta: la asignación de fondos hacia el sector no gubernamental
de las “ONGs.”, acompañado por un débil o nulo fortalecimiento de instituciones provinciales y nacionales dedicadas al consumo de drogas.

Una excepción a esto último fue la provincia de Buenos Aires, donde en 1993 se crea la “Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones”, con un abultado presupuesto, a cargo del Dr. Yaría, la cual desarrolló una extensa red asistencial y programas preventivos. 

El impulso que Sedronar dio en su origen a las ONGs a través de subsidios para la creación de Comunidades Terapéuticas Residenciales,  y “becas” para internación de pacientes  no respondió a una estrategia equilibrada, ya que invisibilizó a las instituciones públicas dedicadas a este tema.

Por otra parte el organismo nacional privilegió casi exclusivamente el modelo de Comunidad Terapéutica Residencial, conocido como “Granjas”, lo que contribuyó a fortalecer el imaginario de que el consumo de drogas debía abordarse con internaciones que apartaran a los asistidos de su medio social. Deducir de allí que el “adicto” era una persona que implicaba peligros para la sociedad, y por lo tanto debía ser excluido de ella para “tratarlo”, fue un razonamiento sencillo.

Sedronar y ONGs replicaron un circuito que se retroalimentaba. Se subsidiaban las internaciones y por lo tanto aparecían cada vez más las ONGs que abrían  Comunidades Terapéuticas, lo que a su vez hacía crecer las demandas de “becas” para tratamiento. Eran épocas donde no había financiamiento estatal para intervenciones preventivas, tratamientos ambulatorios, programas de reinserción o inclusión social, y mucho menos para intervenciones comunitarias.

El cientista en Políticas Públicas Hugh Heclo  advierte de que todo lo que un gobierno decide No Hacer en un tema social determinado, ya sea de manera involuntaria o deliberada, debe ser leído como su forma de Hacer política pública frente a ese problema.  Es decir la No política pública frente a un tema determinado Es la forma elegida de hacer política respecto a ese tema.

Y eso sucedió con la Sedronar inicial y su No construcción o fortalecimiento de respuestas en el campo estatal, sino casi solamente vía de tercerización. 
 
En 1991 se creó la Federación de ONGs en problemática de Drogas de Argentina, FONGA, la cual nucleaba casi solamente a instituciones dedicadas a tratamiento según el modelo de Comunidades Terapéuticas, incorporando con los años, a medida que fue cambiando el escenario argentino, a entidades de Prevención. Todavía no avanzó esta  Federación en dar impulso a entidades que trabajen en el campo de la Reducción de Daños. 

El Pastor Novelli, uno de los pioneros del trabajo en adicciones en Argentina
y co-fundador de FONGA.
Las ONGs de FONGA, a diferencia de otras experiencias similares y contemporáneas de Latinoamérica tuvieron la virtud de superar rápidamente el campo de lo puramente “experiencial” para pasar a una “teorización” de su accionar.

En las Comunidades Terapéuticas, donde hubiese sido fácil quedarse con el saber experiencial-viviencial del “ex – adicto”, Argentina avanzó relativamente rápido, aunque no sin tensiones, hacia la incorporación de la praxis profesional, la reflexión teórica, y la producción de conocimiento. No sucedió lo mismo en  otros países latinoamericanos.

Profesionales como el Dr. Wilbur Grimson, psiquiatra reconocido en aquel entonces por su participación en el movimiento de la anti-psiquiatría, contribuyó en ese aspecto. 

Otra especialista de vital importancia fue la psicóloga Elena Goti, quien le otorgó discurso teórico-técnico al innovador experimento institucional del Pastor Carlos Novelli conocido como “Programa Andrés”.

Goti en 1990, como resultado de sus apuntes utilizados en capacitación de operadores y técnicos, sacó a luz un texto clásico y que impactó en toda Latinoamérica: “La Comunidad Terapéutica: Un Desafío a la Droga”, que fue uno de los principales esfuerzos teóricos por hacer comprensible y enseñable lo que sucedía en  centros de tratamiento de esa modalidad. 
Junto a la Lic. Elena Goti. Una de las primeras
teóricas en el Modelo de Comunidad Terapéutica
en Argentina. (1999).

Como ya mencioné Fundación Convivir había llevado su visión psico-socio-cultural del problema de la drogas al campo universitario. Algunos años después, y ya en el interior de Córdoba, el Programa Cambio que me tocó crear y dirigir en 1989, se convirtió a través de sus ocho Congresos Internacionales en Prevención y Asistencia de la Drogadependencia que se desarrollaban bi-anualmente, en el mas significativo espacio de referencia en el tema hasta el año 2013,  y en donde se daban cita la mayoría de las ONGs de Argentina, referentes de casi toda Latinoamérica europa y EEUU, la Sedronar, instituciones gubernamentales provinciales, y distintas universidades. El tiempo había pasado y el diálogo intersectorial se había logrado.

Es decir que sería imposible entender el desarrollo de la Política Pública en Adicciones en nuestro país obviando el rol clave que protagonizaron las ONGs surgidas durante los años 80 y 90.

Algunas de estas instituciones que permanecen hasta el día de hoy, y sus años de fundación son: “Programa Andrés” 1982;  "Centro Juvenil Esperanza" 1985; “El Reparo” de 1985; “Grupo del Oeste” 1988; “Programa Cumelén” de 1989; “Asociación Nazareth” de 1989; “Asoc. Programa Cambio” 1989;  “Fundación Atreverse” 1992; “Programa Lihué” de 1994;  “Casa del Sur” 1994; “Fund. Aylen” 1994; “El Palomar” de 1995; “Fundación Viviré” 1994; “CADES” 1996.

Es de aclarar, que si bien fué en la época del gobierno del Dr. Menem, y gracias a la financiación ya mencionada de la Sedronar, cuando comienzan a multiplicarse la ONGs que respondían al Modelo de Comunidad Terapéutica, no podemos solo atribuir al “neoliberalismo menemista” este fenómeno.

El impulso de las ONGs en realidad provine del éxito que tuvieron en los 80 los programas iniciales como Programa Andrés y Convivir, que de alguna manera funcionaron como modelos a imitar por otros emprendimientos psico-sociales.

En el área Asistencial, que fue la que más se multiplicó, se dio el fenómeno de la aparición de instituciones en el Tercer Sector a donde “los adictos querían ir”, a diferencia de las típicas instituciones Estatales a donde la mayoría de los consumidores “eran llevados”. 

Fue la época donde se instaló la tensión entre los “Ex-Adictos” y los “Profesionales”, que se dió casi exclusivamente en Buenos Aires, y que marcó una división que aún persiste aunque en mucho menor grado.

Iniciativas como la de Fundación Convivir, de introducir en la Universidad la formación sobre el problema de las Drogas desde una perspectiva multidisciplinaria, o la del Dr. Grimson a través de su curso de “Operadores Terapéuticos” en la Universidad de Quilmes, y algunos años después la que me tocó liderar en la Universidad Nacional de Córdoba a través de una Diplomatura en Adicciones, hicieron descender dicha tensión y encontrar en puntos comunes la mirada profesional con la experiencial.

     4.- El cuarto marcador de contexto que configuró la Política Pública en este tema desde los años 90  es el referido a la posición de la Corte Suprema de Justicia de entonces respecto a un caso de tenencia para uso personal de drogas, similar al “Caso Bazterrica”.  Me refiero al “Fallo Montalvo” de 1990 en donde nuevamente se penaliza la tenencia personal de drogas.

Eran los tiempos de las “relaciones carnales” entre el gobierno menemista y los EE.UU, donde posiciones de este estilo funcionaban como gestos de sintonía con Norteamérica. 

Con el Fallo Montalvo nuevamente el consumidor es definido como un “Joven-Adicto-Delincuente”, y difusor del mal de las drogas en la sociedad. 

Montalvo fue un joven que en el año 1988 fue detenido en Carlos Paz, Córdoba, con 2.7 gr de marihuana. En el dictamen que lo condena se lee entre otras cosas: “no puede desconocerse.. que el adicto suele ser un medio de difusión del vicio… a quien no se le puede dar ventajas… la propia actividad del consumo es por esencia colectiva… el adicto busca a quien comparte sus experiencias.. y muchas veces él mismo se convierte en cómplice del tráfico”.

No es difícil entonces entender porqué aquella Política Pública en consumo de drogas se orientó a incentivar organizaciones que utilizaban  estrategias de aislamiento social. Recién  en el año 2009 la Corte Suprema de la época Kirchnerista volvería a plantear la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de drogas para uso personal en el conocido Fallo Arriola.


    5.- El quinto y último factor a señalar fue el  significativo avance de la presencia, desarrollo, e influencia del narcotráfico en Argentina.

La tolerancia al consumo de drogas apareció en la época del gobierno de Alfonsín;  el ascenso del consumo de drogas y el avance estructural del Narcotráfico vinieron con el Menemismo; y su desarrolló, complejización y aparición de la venta al menudeo como un problema central  en nuestro país ocurrieron durante el período Kirchnerista.

Esta profundización del fenómeno narco no fué algo propio de nuestro país, pues toda la geo-circulación de las drogas se modificó desde fines de los 90.

Lo dicho no significa que el tráfico y el consumo de drogas comenzaron con la democracia. Distintos testimonios ubican a la alianza establecida entre el gobierno de facto de Rafael Videla, y los militares golpistas bolivianos que respondían a
Uno de los muchos textos escritos sobre
el avance del narcotráfico en Argentina
en la última decada.
  Luis García Meza Tejada, destituyentes de la presidenta Gueiler Tejeda en 1980, como los orígenes del circuito de la cocaína que nacía en Bolivia cruzaba por zonas liberadas de Argentina y finalizaba en Europa. 


El gobierno de facto boliviano necesitaba financiarse y la cocaína fue un recurso central en aquel primer Narco-Estado sudamericano. Sus socios fueron los militares argentinos que estaban en el poder y que abrieron las fronteras del norte del país y los puertos rosarinos y bonaerenses a la circulación de cocaína. [xxiv].

En el año 2010 la Asociación para las Políticas Públicas menciona en un estudio que las incautaciones de drogas en Argentina pasaron en el caso de la marihuana de 0.7 toneladas en el año 1990 a 100 toneladas en el año 2008, lo que implica un aumento del 14.185% en 18 años. Las incautaciones de cocaína  por su parte aumentaron un 700%, pues en 1990 se incautó una tonelada y en el 2008, 700.

Las cifras, vistas desde una perspectiva positiva, podrían invitar a pensar que existió un avance en la Lucha contra el Narcotráfico, sin embargo en este artículo son leídas como un indicador del fantástico aumento de la droga circulante en el país.

Investigadores como Alain Labrousse (fundador del Observatorio sobre Drogas de París), estudios de Naciones Unidas, y del Lic. Julio Calzada (Ex  responsable de la  Junta Nacional de Drogas de Uruguay) entre otros, nos dan referencias de que la droga incautada en el mundo representa entre el 3% y el 20% de la droga en realidad circulante, aunque algunos hablan de entre el 1% y el 30%[xxv] [xxvi].

Es decir que los datos referidos a la interdicción de sustancias, si bien pueden significar un aumento de la eficacia policial, también representan de manera indirecta el dato oculto del tamaño de la droga circulante.  Es una paradoja: a mayor droga incautada, mayor droga circulante.

En Argentina la droga incautada y por ende la circulante,  creció fantásticamente entre 1990 y la primera década del nuevo siglo. ¿Impacta esto en una política de Prevención y Asistencia del Consumo de Drogas?. Sin dudas que sí, pues los escenarios en los cuales se da la distribución complejizan los contextos en los cuales se desarrollan los consumos.

A medida que aumentó la circulación de drogas, bajó también su calidad, se abarató  su precio en la calle, y el narcomenudeo como expresión  visible del narcotráfico se referenció a sectores populares y marginales.

La representación social del consumidor en estos años se desplazó del Consumidor-Rico o Hippie de los años 80, al Consumidor-Marginal y Delincuente del siglo XXI.  



Y las representaciones sociales son justamente eso, “representaciones” en el sentido de significantes que sesgan la perspectiva del problema, invisibilizando su real distribución. 

La actual Política Pública nacional sobre drogas aparece cooptada por el significante Consumidor-Excluido Social, y por lo tanto las respuestas construidas desde el Estado están diseñadas para dirigirse hacia ese sector, como si solo allí habría problemas del drogas, y como si la “inclusión” y la “des-estigmatización” fueran el único remedio.

Si bien la construcción de una respuesta integral debe contener necesariamente esos aspectos,  ofreciendo alternativas a los sectores más vulnerables, el problema es que al constituirse en única política,  invisibiliza el problema del uso de drogas en los sectores “incluidos” socialmente, que son protagonistas de la toma de decisiones a nivel social y modeladores de conductas propias de nuestra sociedad de consumo.


Abriendo el Juego…

Durante el año 1995 una decisión política clave modificó el modelo de respuesta asistencial al consumo de drogas, me refiero a la ley 24.455 en donde se menciona en el Art 1 inc.b,  que las Obras Sociales “deberán dar cobertura para tratamientos médicos, psicológicos, y farmacológicos, de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes”.[xxvii]

Esta ley abrió la posibilidad para que  cualquier centro de salud médico o psiquiátrico encuentre financiamiento para trabajar en adicciones. Las ONGs e Instituciones Públicas especializadas hasta entonces eran casi los únicos que ofrecían alternativas terapéuticas a la población. Sin embargo la nueva ley diversificó y enriqueció esa oferta pues nuevos actores ingresaron de repente al sistema prestacional. La Política Pública había logrado una cobertura mas amplia y extendida, que aún hoy es vista como modelo por muchos países latinoamericanos que no cuentan con este tipo de paraguas de financiamiento.

El efecto negativo fue que de un día para el otro aparecieron “especialistas” en adicciones, o “Comunidades Terapéuticas” que en realidad eran psiquiátricos
Escena de la crítica película "Atrapado sin Salida" de 1975.

tradicionales, y que  no tenían mayor experiencia en este campo, pero que ahora  a partir del estímulo económico que otorgaba la ley de Obras Sociales comenzaron a ofrecer sus servicios tradicionales a estas nuevas  “patologías”.

Esta diversificación de ofertas produjo una serie de desequilibrios a la hora de financiar racionalmente las prestaciones de los actores surgidos en este nuevo escenario, que intentaron ser resueltos dos años después, con las Resoluciones Conjuntas (361/97 y 153/97) entre el Ministerio de Salud y Acción Social  de Nación, y la Sedronar.

Muchos de lo logrado  durante los años 1996 y 1999 fué posible gracias al trabajo entre la Sedronar (Gestiones del Dr. Araoz y el Dr. Amadeo) en colaboración con Fonga (Presidencia del Dr. Grimson).

Durante el año 1995 nace una ONG que también incidiría de manera destacada en itinerario de la Política Pública sobre drogas de Argentina: La "Fundación Intercambios".  


Intercambios se destacó por llevar adelante acciones pioneras desde el enfoque de la  "Reducción de Daños", las que al comienzo de su implementación generaron alguna resistencia por los sectores de visión mas conservadora en nuestro país. 

Por otra parte  esta Fundación insertó también en diversos foros de lideres políticos del país, la discusión sobre la problemática social relacionadas con la oferta y demanda de drogas. La participación de Intercambios en distintos foros internacionales, como los de OEA y Naciones Unidas la convirtieron en un interlocutor clave, por su actualización permanente en sobre lo que está la discusión de este tema a nivel mundial. 


Desacuerdos…

Fue en el período Kirchnerista donde un Secretario de Sedronar logró mantenerse más tiempo en su cargo. Durante 8 años, de 2004 al 2011 esa Secretaría de Estado estuvo bajo el mando del odontólogo José Ramón Granero. 

Las especialidades de quienes estuvieron a cargo de Sedronar en los tiempos del Kirchnerismo son un dato curioso, y según como se lo lea, significativo: Primero un Odontólogo, luego un Diplomático, lo siguió un Director de Policía Aeroportuaria, y por último un Cura.

La dirección de Granero tuvo algunos aciertos importantes. En primer lugar, el ya mencionado Observatorio Argentino sobre Drogas (Con dirección técnica de la Mgter. Graciela Ahumada), que durante toda su gestión, y la de su sucesor el Dr Bielsa, brindó
una gran cantidad de informes, estudios epidemiológicos, investigaciones cualitativas y cuantitativas, que orientaron a los responsables del diseño de Políticas Públicas en  Argentina, con datos de la evidencia científica.

Si bien hubo estudios criticados y puestos en discusión, lo cierto es que aquel fue un período rico en información epidemiológica y social. 

Se disponía de datos sobre lo que sucedía respecto al consumo dentro del país,  y la metodología empleada nos permitía la comparación con el estado de situación de naciones vecinas.

A partir del 2012 y hasta la fecha (mayo del 2015) se dejaron de difundir estudios epidemiológicos nacionales de Argentina. Esto quedó manifiesto en la 57° Sesión de CICAD-OEA donde Sedronar presentó el Informe “Consumo de Drogas en las Américas[xxviii]. En ese trabajo los datos mostrados por Argentina resultan antiguos para ese informe, ya que pertenecían al año 2011. La mayoría de los países participantes del mismo informe contaban con estudios de los años 2012, 2013, o 2014.

Otro aporte destacado de los equipos técnicos de la gestión del Od. Granero fue su Política en Prevención Escolar. En aquel entonces se comenzó a trabajar por primera vez a dimensión país con material didáctico distribuido en casi todas las provincias.

 El material elegido fue un programa de origen chileno denominado “Quiero Ser”. Basado en un enfoque de “Factores de Protección y Factores de Riesgo”, y en “Habilidades Generales”. Respondía al modelo de Prevención Universal, se llevó adelante desde el año 2007 hasta el 2011, y cubrió casi todo el país[xxix].

Si bien el programa no estaba contextualizado debidamente a las distintas expresiones culturales de Argentina, y tenía un enfoque demasiado conductista con poca valoración de las creencias sociales, su implementación implicó un fuerte compromiso de las instituciones educativas, y posibilitó la instalación de la temática del consumo de drogas en el ámbito escolar como nunca antes había sucedido en el país.

Durante la gestión del Dr. Bielsa se realizó una revisión de todo el material realizada por la Lic. Karina Kasal, Directora de Prevención de Sedronar y su equipo,  y las especialistas externas Lucrecia Esteve De Lorenzi (directora de Prevención en Adicciones de Córdoba) y Alejandra 
Mizrahi (directora de escuela en Bs As). 

El trabajo implicó un profundo rediseño del “Quiero Ser” y la actualización de actividades. Se incorporaron nuevas temáticas  de manera secuencial;  se orientaron actividades de extensión a la Comunidad; se sumó nuevo contenido didáctico contextualizado, y  se incluyó un sistema de evaluación de proceso y resultados[xxx].

 Habiendo renunciado Bielsa a Sedronar a comienzos del 2013, el programa no se volvió a lanzar con fuerza por el  siguiente Secretario, el cura Molina.  Lo mismo pasó con otro programa con soporte didáctico “El Espejo Mágico”, el cual fué también un esfuerzo en gran parte desperdiciado.

La Política Pública en Prevención tuvo durante el nuevo siglo un continuo de idas y vueltas, que podríamos atribuir a los “cambios de paradigmas” que ocurrieron en la Política Pública internacional y nacional en este tema, y en la diversidad de criterios de los funcionarios implicados.

Lamentablemente estos “Cambios de Paradigmas” no iban acompañados de  flexibilidad por parte de los responsables de las Políticas Públicas. Flexibilidad necesaria para dar continuidad a las estrategias de gobierno en este campo, las cuales vistas ahora en retrospectiva aparecen como una serie de marchas y contramarchas.

Al asumir el Dr. Rafael Bielsa la dirección de Sedronar el último día del 2011 se inició un cambio en la Política Pública Nacional sobre drogas. José R. Granero (su antecesor) había dejado clara su postura contraria a la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, sin embargo ya había una confrontación respecto a este tema dentro mismo del Gobierno Nacional, en donde distintos referentes de peso político defendían a ultranza posiciones a favor y en contra en este tema.

Se observaba con sorpresa la pelea pública entre el Jefe de Gabinete Aníbal Fernandez, y el Secretario de Sedronar Granero, ambos del mismo partido político y de la misma gestión de gobierno. La disputa se reflejaba  en los medios de comunicación y hasta se hizo visible en un foro internacional en Viena.

Granero llegó a “prometer” que renunciaría a su cargo si se despenalizaba la tenencia de drogas para uso personal[xxxi], y Aníbal Fernandez  rotulaba de “trogloditas” a los
Anibal Ferandez (a la Izquierda). José Granero (a la Derecha)
Aunque integrantes de un mismo partido y gobierno,
confrontaron abiertamente sobre el status legal
de la tenencia de drogas para uso personal.
que se oponían a la despenalización.[xxxii]

Había un gobierno con dos Políticas Públicas sobre drogas, pero en confrontación y no en discusión, en demostración de fuerza y no en elaboración de acuerdos. Faltó un escenario de debate y en su lugar hubo pugna de poder.






Paradigmas....

El Kirchnerismo había avanzando con muchos logros positivos y esperados en el campo de los derechos ciudadanos. Las leyes de Matrimonio Igualitario (Ley 26618), La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes (Ley 26061), La nueva Ley de Salud Mental (ley 26657), son muestras de estos avances, donde la atención a las minorías desprotegidas, y al otorgamiento de derechos a sectores relegados de la población eran parte una deuda social que se estaba afrontando.

En este contexto lo esperable era que la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal se concretara, ya que respondía a un paradigma que estaba a tono con el avance de los derechos sociales pregonados por el gobierno. No en cuanto a reconocer un “derecho a drogarse”  como algunos  ironizan, sino en lo referido al límite que se le ponía al Estado para intervenir en el campo de las decisiones personales y privadas de los ciudadanos.

En mayo de 2012, a cuatro meses de su asunción al cargo, el Dr. Bielsa convocó en Tucumán a la primera Asamblea Nacional del Consejo Federal de Drogas, (CO.FE.DRO).

En su discurso inaugural en Tucumán, el Secretario de Sedronar jerarquizó el vínculo entre el Estado Nacional y los Gobiernos Provinciales, mediante el  “desarrollo de un verdadero sistema federal que posibilite la concertación de políticas, planes y programas destinados a la Prevención del Uso Indebido de Drogas, (y) la Asistencia a las Adicciones[xxxiii].

Y en una mención breve pero contundente sobre el status legal de la tenencia de drogas dijo:
“Para concluir, quisiera referirme brevemente al tema de la despenalización. Recientemente declaré que hay muchos pecados sin absolución posible que puede cometer el Estado en materia de Drogas. Uno de ellos es el confundir a la
sociedad, obligándola a oscilar entre el miedo y el desconocimiento. El actual debate en torno a la despenalización de la tenencia para consumo personal… merece un debate serio e informado. Al respecto he hecho pública la idea de que… desde el Poder Ejecutivo tenemos la obligación de que se coordine el Derecho Legal, con el Derecho Jurisdiccional, y de esta forma, introducir las modificaciones en el Derecho Positivo”[xxxiv].

Con estas palabras Bielsa planteaba una posición clara para la Política de Estado en Adicciones, pues corría definitivamente la mirada jurídico-legal sobre el consumidor, definiéndolo como un sujeto de derechos participante de un problema que debe ser visto desde el ángulo de la Salud Pública.

Si bien la ley seguía siendo la misma sancionada en 1989, la 23.737, o “ley de drogas”, la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 se había expedido en el “Fallo Arriola” , un caso particular de tenencia para uso personal,  dictaminando la inconstitucionalidad de la penalización de ese acto privado.  

El discurso de Bielsa hacía referencia a la necesidad de reformar la ley de drogas en concordancia con el “Fallo Arriola”, es decir, Despenalizar.

Hubo una serie de intentos en la legislatura nacional al respecto. Pero la “despenalización”  no sucedió. Sin embargo el rumbo que dio Bielsa a la Sedronar implicó orientar sus acciones a los sectores de mayor exclusión social.

Ignacio O´Donnell fue el sociólogo que llevó Bielsa a la “Subsecretaría de Planificación, Prevención, y Asistencia” de la Sedronar en aquel entonces. La orientación que dio a su tarea apuntaba a fortalecer el trabajo territorial y social, anunciando también el “Cambio de Paradigma”.

El perfil profesional, y la formación teórica de quienes han ocupado históricamente la Subsecretaría de Prevención y Asistencia de la Sedronar es un dato clave para entender por donde pasa la estrategia de intervención de cada gestión, y el respaldo científico que suponen las decisiones políticas en este campo.

 En una presentación realizada en setiembre de 2012 en Mar del Plata durante el “XIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Federales de Argentina”, O´Donnell resumió la nueva mirada proponiendo  “Unificar los recursos del Estado hacia la persecución del Narcotráfico, atendiendo inicialmente a las víctimas del consumo, garantizándoles el acceso a la Salud Pública, y la Inserción Social, a través de Políticas Inclusivas de capacitación y empleo.” Y completaba: “Solo así, podremos hablar de un Cambio Real, hacia un Nuevo Paradigma en el problema mundial de las drogas[xxxv]

El llamado Nuevo Paradigma, no era algo propio de nuestro  país, sino un movimiento internacional crítico a la visión anterior representada en Argentina por el pensamiento del Dr. Granero, a la que la nueva gestión de Bielsa venía a modificar.

Sería un grueso error entender que lo de  “Cambio de Paradigma” se refiere solo a la idea de despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. Es por lo menos eso, y mucho mas. 

 Las cinco características que a mi entender son propias del llamado Nuevo Paradigma  son:

1.- Definir el problema del consumo de drogas como un Problema de Salud Pública (y no de Seguridad Pública)  diferenciando niveles de problematicidad de cada sustancia por separado incluyendo las legales e ilegales.
El "Nuevo Paradigma", no enfoca el problema desde la tradicional
perspectiva de la Guerra contra las Drogas.

2.- No encuadrar la conducta de tenencia de drogas para uso personal en la esfera de lo  penal y criminal

3.- Superar el modelo  Asistencial basado en el enfoque de la Abstinencia, incluyendo el modelo de Reducción de Daños; 




4.- Poner énfasis en el trabajo territorial,  la inclusión socio-educativo- laboral y en el Usuario de drogas como un Sujeto de Derechos

5.- Explicar el fenómeno de las drogas desde perspectivas superadoras de la epidemiología clásica, incorporando aspectos sociales, económicos, y políticos.



Provincias …

Otro aspecto al cual Rafael Bielsa  dio impulso en su gestión, fue al trabajo en conjunto con las ONGs y al papel que el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) tendría en el diseño e instrumentación de la nueva Política Pública en Drogas del país.

En la apertura de la primera reunión de Cofedro, Bielsa dijo:
“Esta reunión del Cofedro se constituye entonces… en una instancia esencial bajo el entendimiento de que es extremadamente necesario el desarrollo de un verdadero sistema federal que posibilite la concertación de políticas, planes, y programas destinados a la prevención y la asistencia de las adicciones… a su vez sean esencialmente respetuosas de las características propias de cada una de las regiones del país, y promuevan la participación de todos los actores que, de una u otra manera están involucrados en el tema.”

Fue un planteo bien recibido por todas las provincias, pues evidenciaba un reconocimiento a los trabajos, gestiones e idiosincrasias locales. Por otra parte respetaba el “Federalismo” que debería caracterizar a las Políticas Públicas argentinas.

Aquella reunión de COFEDRO se realizó  en San Miguel de Tucumán. El Dr. Alfredo Miroli, representaba esa provincia, pues era el responsable de la política provincial en prevención y asistencia de drogas por entonces.

Fue Miroli en el año 1996 , cuando era Subsecretario de Prevención y Asistencia de Sedronar bajo la dirección del Secretario Julio César Araoz, quien creó y puso en marcha  el COFEDRO (Art. 5 del Decreto 626/96).

Según su estatuto, la misión principal de este Consejo interprovincial es:  
“Consensuar las Políticas Públicas de carácter activo para la prevención de las conductas adictivas, la asistencia de las personas adictas y la lucha contra el narcotráfico, entre las diferentes jurisdicciones nacionales y el Estado Nacional, a fin de contribuir al abordaje integral de esta problemática, propender a la formulación, ejecución y evaluación de un Plan Federal, como grado superior de acuerdos, mejorar la eficiencia de la inversión presupuestaria y favorecer la coordinación necesaria entre organismos estatales y de la sociedad civil en todas las áreas, promoviendo de ese modo una Política de Estado[xxxvi]

Este Consejo de Provincias, que se reunía por lo menos tres veces al año desde su
Rafael Bielsa fue el último Secretario de Sedronar que respetó la convocatoria
del COFEDRO.
creación,  nació en una época donde no todas las  provincias tenían un área desarrollada y  dedicada a la prevención y asistencia de las adicciones.  Por eso resultó en una herramienta importante a la hora de la generación de Políticas Públicas regionales en esta materia. 


De distintas formas  alentó la creación y mejoró el desarrollo  de organismos provinciales orientados a la temática.

Por otra parte Cofedro también era un foro en donde las provincias compartían sus políticas, intercambiaban experiencias, y consensuaban acciones comunes.  A su vez, las provincias estaban agrupadas en distintas Regiones, las cuales tenían su calendario de reunión y actividades conjuntas.

Es sobre todo a partir de los 80 que los gobiernos provinciales fueron afianzando sus  áreas dedicadas al problema del consumo de drogas, aunque de manera desigual.
Veamos solo algunos casos para ilustrar lo dicho.

En 1988  que se funda en Neuquén el “Servicio de Alcoholismo y Farmacodependencias del Hospital Provincial", creándose luego el “Departamento de Adicciones Sociales” en el Ámbito del Ministerio de Salud Pública, con el fin de sincronizar todas la acciones sobre este problema.

Tucumán crea en el año 1995 una dirección de Prevención que dependía del Área de Bienestar Social. Recién en el año 2003 se crea la “Secretaría Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones”  que dependía de la gobernación provincial. En 2014 baja de rango y pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Social nuevamente. Los enfoques desde los que trabajó esa área en Tucumán variaban desde un modelo médico-social, a uno más bien socio-cultural.

La provincia de Jujuy  en marzo de 1999 crea la “Secretaría de Coordinación y de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico”. En lo referido a temas de Prevención y Asistencia Jujuy trabaja desde el paradigma de la Salud Integral, con enfoques metodológicos interdisciplinarios e intersectoriales. Como bien lo índica su nombre, se constituyó desde sus inicios siguiendo el modelo de Sedronar,  intentando incluir en sus mismos objetivos el capítulo de la Demanda como el de la Oferta de drogas.

Chubut desde el año 2003 viene fortaleciendo su espacio en Prevención y Asistencia, y lo hace desde un área que depende del Ministerio de Salud de aquella Provincia.
En el año 2006  se crea en La Pampa la Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la cual desarrollo importantes Programas de Prevención Escolar, con material didáctico propio y dispositivos asistenciales. Luego a partir del año 2010 se transformó en la Subsecretaría de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones, siempre dirigida por el Estad. Roberto Moro. Desde la creación de este organismo el enfoque de esa provincia fue netamente Educativo, Social, y Sanitario.

En el Chaco  recién en el año 2009 se crea el “Programa de Prevención Comunitaria de Adicciones”, dentro de área del Ministerio de Gobierno. Se realizaron una serie de actividades preventivas en localidades del interior de la provincia, y muchos proyectos de creación de Centros Preventivos desarrollaron sus actividades según lo planeado. En el 2014 el programa desaparece y el área de consumo de drogas pasa a formar parte de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales, del Ministerio de Gobierno, Justicia, y Seguridad,  quien hoy desarrolla acciones de prevención y capacitación en este tema. 

Entre Ríos crea recién en  2008  la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones (Selca), a cargo del Dr. Mario Elizalde y perteneciente al Ministerio de Educación Deportes y Prevención de Adicciones. Selca ha diseñado todos los programas del ámbito educativo, institucional y comunitario que se  ejecutan en la provincia. También avanzaron en distintas líneas de investigación sobre drogas.
Córdoba tiene una larga y controvertida trayectoria en Políticas Públicas en Adicciones desde que en 1961 se crea el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Salteando una serie de iniciativas frustradas o incompletas en este campo, a comienzos del 2009 se crea la “Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico” dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia.  Al igual que en Jujuy, a esta Secretaría se le asignan acciones tanto en el área de la Prevención del Consumo como de la colaboración con las fuerzas policiales y judiciales.

Se buscaba repetir a proporción provincial lo que la Sedronar era a nivel Nacional, una Secretaría encargada del problema de la oferta y demanda de drogas.

Al renunciar conflictivamente el primer Secretario se me convoca a asumir dicha Secretaría. El pedido que realizo  para ocupar el cargo es que la misma se divida de tal forma que “Lucha contra el Narcotráfico” quede en la esfera de políticas de seguridad, y la  “Prevención del Consumo” encare su tarea en coordinación sobre todo con el área Social, Educativa y de Salud.

Así en el año 2010 se crea la “Secretaría de Coordinación de Prevención y Asistencia de las Adicciones” que solo se ocuparía de los temas vinculados a la demanda de  
En el año 2010 presenté ante el Gobernador Schiaretti de Córdoba el primer
Plan Provincial sobre Drogas de la provincia. Se iniciaba el trabajo programático
de la Secretaría en Prevención de Adicciones Provincial.

drogas lícitas e ilícitas”. A mediados de ese año se presenta al gobernador de entonces, el Cdr. Juan Schiaretti el I Plan Provincial sobre Drogas de Córdoba, 2010-2015 [xxxvii].

Si bien en todas las provincias hay antecedentes más antiguos que los mencionados respecto a la  creación de servicios asistenciales en “alcoholismo y  drogadicción” (siempre dentro del área de Salud de las provincias), la aparición de entes específicos destinados a articular intersectorialmente acciones de prevención, asistencia y capacitación muestran en Argentina una amplia dispersión de enfoques.

Hay provincias que generaron organismos con énfasis en la Educación, como ocurrió inicialmente por ejemplo con La Pampa, otros más ligados al campo de lo Sanitario, como fue en sus orígenes el caso de Neuquén, o en Salud Mental como ocurrió con Mendoza. También existen entidades que tienen una mirada más social, como hoy ocurre con Córdoba, y  otros muy ligados a la perspectiva  jurídico-represiva, como es el caso actual de la provincia de Santa Fe en donde la “Dirección de Prevención y Control de Adicciones” depende de la policía.

Los  enfoques Sociales, Sanitarios, Educativos, y de Seguridad, coexisten en las Políticas Públicas  provinciales de nuestro país. No hay una sola mirada, aunque hubo algunos intentos de unificar el discurso en ese sentido.


Federalismo…

En junio de 1996 se había dictado desde Presidencia de la Nación el Decreto 623/96 , en el cual se “establecen instrucciones y reglamentos para ejecutar la Política de Prevención Integral en materia de Elaboración del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control de Tráfico Ilícito de Drogas. [xxxviii]

La idea era que Argentina contara con un Plan en donde se exprese la Política Pública en materia de Adicciones y que el mismo sea construido de manera colegiada entre las provincias y Sedronar como órgano rector.

El artículo I del decreto mencionaba que la Secretaría Nacional ejercerá su misión “en coordinación con los organismos provinciales competentes, conforme al principio federalista de nuestra organización nacional y a los requerimientos de eficacia y de descentralización de la acción estatal

Como en el año 2011 había llegado a su fin el último de estos planes, en el 2012 se comenzó con la elaboración del siguiente, el cual fue discutido en su última versión y presentado  para su aprobación en la asamblea anual del Cofedro de noviembre del año 2012.

El Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas[xxxix] se elaboró, discutió y aprobó. Ponía énfasis en la
Las Políticas Públicas sobre Consumo de Drogas en Argentina siguen
construyéndose sin respetar aspectos básicos del Federalismo que debe
caracterizar a nuestro país. La gestión del sacerdote Molina fue un ejemplo
de este déficit.
consulta interprovincial a través del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), describía los principios rectores, y establecía los programas a implementarse en el país.

El Plan hacía énfasis en el trabajo preventivo y asistencial en  territorio, en la Atención Primaria en Adicciones no implementada hasta entonces, y en la canalización de la problemática en los ámbitos barriales a través de la intervención comunitaria entre otras cosas.

Centraba su mirada en las área de Alta Vulnerabilidad y pretendía aumentar la disponibilidad de los servicios de Salud Mental y Adicciones en todo el país.
Incluía una mención clara al tema de la despenalización de drogas para uso personal, mencionando el citado del “Fallo Arriola”. Y recordaba en una de sus partes: “ningún compromiso internacional compromete a Argentina a criminalizar la tenencia para el consumo personal”.  

Por último, el Plan, que reiteraba referencias a la necesidad del trabajo interprovincial, jerarquizaba la importancia de contar con datos e información surgidas de la provincias. Articulación que venía realizando el Observatorio sobre Drogas de manera sistemática.

Cuando a fin del 2013 asume el Pd. Molina como Secretario de  Sedronar dicho Plan Federal fue de hecho dejado de lado y  reemplazado por un Programa Nacional de Abordaje Integral para la Prevención, Capacitación, y Asistencia de las Adicciones (Res. 172/2014)[xl]




En la elaboración de este Programa Nacional, las provincias no tuvieron participación ni opinión. El planteo de la Política Publica Argentina en este tema dejó de ser “Federal”, para transformarse en “Nacional”. Un cambio no menor caracterizado por la centralización de la estrategia de intervención a nivel país desde las oficinas de  Sedronar en Buenos Aires.

Si bien en la creación del Programa Nacional referido, se hace mención al Plan Federal , sucedió  en la práctica que la construcción del consenso interprovincial  sobre este nuevo Programa nunca ocurrió. Debía hacerse a través del COFEDRO, pero ésta Mesa de Trabajo Interprovincial nunca fue convocada durante la gestión de Molina.

El nuevo Programa Nacional centralizado también habla de acciones en territorio, y de apoyo a instituciones intermedias, provincias, y municipios. Y de hecho  avanzó en  su estrategia de acción en gran parte del territorio nacional contando con un enorme presupuesto para la creación de infraestructuras edicilicas de distintos tipos de “Centros” preventivos y terapéuticos, que al momento de la renuncia del sacerdote tuvieron una concreción mínima.

 A diferencia de otros Secretarios anteriores, el Pd. Molina contó  con un apoyo claro y explícito de la presidenta, Dra. Cristina Fernandez,  lo cual fué novedoso para la Política nacional en este tema. 

Eso ayudó indirectamente a que el tema de la Prevención,  Asistencia, e Inclusión Social vinculada al consumo de drogas tuviese un lugar destacado en las distintas agendas políticas del país.




Sin embargo el 14 de mayo de 2015 de manera sorpresiva y por “razones personales” Molina renunció a su cargo[xli].



Intentos de Unificación...

Reconozco  tres intentos que marcan diferentes etapas en los esfuerzos por integrar en una visión única la Política Pública  sobre Drogas en nuestro país.

Estos esfuerzos  representan maneras diversas de pensar a la Política Pública en Adicciones, y de proponer enfoques y estrategias.

 Aunque Argentina viene ensayando alternativas, e invirtiendo tiempo,  esfuerzo y dinero en la búsqueda de una “acertada” Política Pública sobre Consumos Problemáticos de Drogas ,  no se ha logrado todavía, en un tema tan sensible, una línea clara y coherente al respecto.

 Los tres ensayos a los que me refiero son:

1° Intento : Sedronar-Cofedro:  Enfoque "Federal".
2° Intento:  Salud Mental y Adicciones: Enfoque de “Salud Mental”.
3° Intento:  Salud Social y Adicciones:  Enfoque de “Salud Social”.


1.- Sedronar-Cofedro

Este  primer esfuerzo,  buscó construir una mirada articulada sobre el problema, a través de  re-unir en COFEDRO un  espacio de intercambio y coordinación de las Políticas Públicas Locales,  asociarlas con los Programas propios de la Sedronar, y orientarlas desde su Plan Nacional.

La agencia oficial de noticias del país, había  definido a  este espacio como una “Institución Interestadual creada para consensuar las Políticas Públicas”, en Prevención, y  Asistencia[xlii]. Y fue la  tarea que desarrolló desde su creación en 1996 hasta el año 2013 cuando Sedronar suspendió su convocatoria.

Muchas de las acciones que llevaron a cabo las áreas  provinciales representadas en ese Consejo estuvieron estimuladas por su propia dinámica. Los temarios de las reuniones se consensuaban con las provincias, e incluían en su agenda cuestiones como, evaluación de programas, presentación de acciones que aplicaban las provincias,   socialización de prácticas e  intercambios de experiencias.

El ámbito posibilitaba plantear propuestas y reclamos,  tanto entre las provincias, como hacia y desde la Nación. Lo que visto hoy en perspectiva resultaba en un lugar de estímulo y aprendizaje para los integrantes.

Aunque las  ONGs  ocupaban un lugar destacado en la agenda de COFEDRO, como recurso al que las Provincias y Nación acudían cuando necesitaban de su red de servicios, nunca se las integró como un componente colaborativo para el diseño y desarrollo de las Políticas Públicas.

          Si bien COFEDRO  comenzó en la época del Secretario Aráoz, podría decirse que se fortaleció durante la gestión de Granero y de Bielsa. Durante esos años los encuentros entre Provincias generaron un intercambio que las fortaleció.  De hecho en los objetivos del COFEDRO aparece explicitado lo  de “Fortalecer las áreas específicas de cada Jurisdicción[xliii]”.

Una dificultad que se observaba en las reuniones de COFEDRO era la asimetría o desequilibrio que había entre diferentes provincias respecto al respaldo político real que los gobiernos provinciales daban a sus áreas en "Adicciones". Había delegados que disponían de fuertes apoyos gubernamentales, y otros que parecían olvidados por su jurisdicción.

Una vez que Rafael Bielsa dejó la Sedronar en marzo de 2013, la Secretaría quedó a cargo del Subsecretario de Control de Sustancias, el Dr. Julio Postiglioni, quien cumpliendo con el mandato legal, convocó a una reunión de COFEDRO en Buenos Aires. 

En el encuentro se avanzó hacia cambios que entusiasmaron a los representantes de  provincias, sobre todo a los que tenían débil apoyo político y no contaban con fondos suficientes como para desarrollar acciones.

Aquí puede verse un video sobre ese encuentro en el cual el Sub-secretario Dr. Postiglioni, y el Vice-presidente de COFEDRO  Dr.Elizalde, explican la importancia de este Consejo.


El Director Nacional de Asistencia y Reinserción Social de entonces, Dr. Guillermo Devoto, expuso en esa reunión de setiembre del 2013  los siguientes temas y mociones: “Presentación de aportes al Programa de Fortalecimiento Territorial”, y “Discusión sobre nuevos criterios de Distribución de los Recursos”,  que fueron aprobados en votación por las 20 provincias presentes.

Lo resuelto en esa Asamblea se traducía en un compromiso por parte de Nación de girar fondos a los gobiernos provinciales desde Sedronar,  para la concreción de objetivos territoriales decididos por el acuerdo Nación-Provincias. Se cerró formalmente la reunión y firmó un acta. Sin embargo todo acordado pronto quedó en nada al asumir el nuevo Secretario.

Sedronar en ese momento se entendía como una Secretaría de “Coordinación”, tal como su nombre lo señalaba, y así lo explicaban sus funcionarios.  Asumía su papel rector en Políticas Públicas a nivel nacional, implementando un “Plan Federal de Prevención Integral  de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas”   elaborado en el año 2012.

Luego el Abogado, y ex- Director de Policía Aeroportuario Julio Postiglioni fue desplazado de su cargo, asumiendo la Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina.

Aunque delegados provinciales solicitamos en más de una oportunidad a este Secretario,  la recuperación del espacio interprovincial, nunca se concretó otra convocatoria del COFEDRO, que de hecho dejó  funcionar de manera inexplicable. 

Los miembros del  Consejo realizamos reiterados pedidos para que se concrete la convocatoria de la Mesa Nacional, o en su defecto se comunique su disolución. La única respuesta obtenida  fue una nota de mayo del 2014 del Pd. Molina comprometiéndose a organizar una “Asamblea Nacional del Cofedro[xliv] .

Molina renunciaría un año después sin haber cumplido con dicho compromiso legal.

El Consejo por estatuto debía reunirse tres veces al año. Tenía por Presidente al Secretario de turno  de Sedronar, y como Vice-presidente a un representante de alguna provincia elegido de manera democrática por los integrantes del Consejo.

 También existía un funcionario de enlace Provincias - Sedronar cuya función era estimular la tarea del Cofedro.

Al día de hoy  respecto a las Políticas Públicas en Adicciones en Argentina, CO.FE.DRO puede ser visto como valioso intento de coordinación interprovincial promovido desde Nación y de importantes resultados a lo largo del tiempo. 

Sería imposible explicar el surgimiento de muchos organismo provinciales abocados a este tema evitando mencionar la influencia del COFEDRO. Las razones de su invisibilización nunca fueron explicadas.


 2.- Salud Mental y Adicciones

          El segundo intento de articulación para el armado de una Política Pública sobre Drogas en Argentina tuvo como punto de partida la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones perteneciente al Ministerio de Salud de Nación, creada bajo resolución 457/10 en el año 2010 y hoy en actividad.

Esta Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, DNSMyA,  generó con el paso del tiempo una indisimulable tensión con la Sedronar, pues sus objetivos  resultan similares en lo referido a la Prevención y Asistencia, y su discurso “progresista” descalificaba el enfoque que para el año 2010  sostenía Sedronar cuando estaba bajo la dirección política del Od. Granero.

Esta Dirección reclamaba  para sí acciones que la Secretaría reconocía  como parte de su razón de ser. Por ejemplo, en la presentación que  la  DNSMyA  hace de sí misma en la  web, define que busca  “Integrar las políticas de salud mental, y las de tratamiento de las adicciones en particular,  en las políticas generales de salud… (promoviendo) la Salud Mental, así como la Prevención de las Adicciones”.

Su estrategia de acción territorial también incluía a las provincias, declarando su  “respeto por las culturas y las dinámicas propias de cada lugar[xlv].

Explícitamente el artículo 4 de la ley de Salud Mental dice:




La pregunta era entonces:  ¿Quién debía coordinar la Política Pública en Adicciones de nuestro país?. Sedronar,  o Salud Mental del Ministerio de Salud. La respuesta que la dirección de Salud Mental y Adicciones tenía para esta pregunta no dejaba lugar a dudas: eran ellos.

El Plan Nacional de Salud Mental del año 2013 dice : “”El Artículo 4 de la Ley (de Salud Mental) instituye que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. Y reconoce a “las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales” como sujetos de derecho “en su relación con los servicios de salud”. En línea con la Ley, el Plan Nacional de Salud Mental enmarca las adicciones en el ámbito de la Salud Mental, ya que, hasta el momento, las mismas no fueron abordadas desde este lugar, (una clara referencia a Sedronar) especialmente en lo referido al consumo de sustancias psicoactivas. 

Además, como refiere la reglamentación, “el eje deberá estar puesto en la persona, en su singularidad más allá del tipo de adicción que padezca”. En el campo de las adicciones, se tiende a superar la lógica ético-jurídica y médico-sanitaria, propugnando la adopción de los principios éticos sociales de inclusión comunitaria””.

Como se observa, la DNSMyA contaba con una Ley y un Plan Nacional que le permitían disputarle a Sedronar esta área de trabajo. A ese Plan Nacional también fueron convocados los delegados de Cofedro para discutirlo.  

Es decir que al día de hoy existen Dos Planes Nacionales que se atribuyen la responsabilidad de la implementación de Políticas Públicas en  Prevención y Asistencia de las Adicciones en nuestro país: El de Sedronar, y el de Salud Mental.  

Por otra parte, la prohibición que la nueva Ley de Salud Mental hizo de las instituciones Monovalentes, implicó ponerle fecha de vencimiento al modelo de Comunidades Terapéuticas para Adictos con modalidad de Internación, área clave hasta el momento en la relación Sedronar-ONGs.

Recuerdo un sinnúmero de reuniones con colegas del Cofedro, o de Salud Mental, en las que se hablaba de la casi segura desaparición de Sedronar en breve tiempo. La ley de Salud Mental, y esa Dirección habían tomado un protagonismo destacado reclamando su liderazgo en la temática y dejando claro que  las “Adicciones” son responsabilidad del área de Salud Mental. La Política Pública en el tema se elaboraría desde allí.

Los interlocutores elegidos eran prioritariamente las áreas de Salud Mental de las provincias, y se alentaba a que migren hacia ese sector los organismos locales que trabajan en el Adicciones.

         
Las ONGs históricamente ligadas a Fonga y Sedronar no solo no tenían un protagonismo destacado, sino que eran vistas con profunda desconfianza. Se las presentaba en la prensa como entidades que alentaban la modalidad de internación en donde no siempre se respetaban los derechos humanos, y con el interés de lucrar con la prestación de sus servicios asistenciales.

          El problema  aquí es que “las ONGs” representan un universo muy variable. Las hay de todo tipo: malas, regulares, de excelencia. Por lo cual generalizar lleva siempre a equivocarse. Así como es un error la declamación descalificadora sobre las ONGs en general, es igualmente insostenible defender este conglomerado como si se tratara de instituciones del mismo trato, calidad, y estilo.

        
       El modelo de Salud Mental, no considera viable crear instituciones o programas de tratamiento específicos para adictos, por entender que esto alimenta el circuito de la estigmatización, y la nueva Ley fue clara al respecto de suprimir instituciones con internación monovalente. Poniendo como fecha final a las instituciones que hoy responden a ese perfil, al año 2020.

          Su estrategia es que los consumidores de drogas deben integrarse a  las respuestas asistenciales generales de las áreas hospitalarias de salud mental y/o abordarse desde una perspectiva comunitaria
          
         Sin embargo, el énfasis y la inversión de tiempo  esfuerzo y dinero  puestos en orientar y coordinar las acciones desde el enfoque de Salud Mental se interrumpió abruptamente. 

   Cuando en el 2013 parecía que desde esa perspectiva y esa Dirección se iba a organizar la Política Pública en Adicciones en Argentina, sobrevino otro cambio.


Salud Social y Adicciones:

         El cura Molina inició su gestión planteando una situación similar a la que se había dado en Córdoba en el año 2010 cuando me tocó asumir esta área: Separar la Lucha contra el Narcotráfico de la Prevención y/o Asistencia. Las dos no debían continuar en el mismo organismo.

          Y lo consiguió en parte. Prevención,  Asistencia y Capacitación quedaron en  Sedronar, y Lucha contra al Narcotráfico pasó a donde siempre debió estar, los organismos encargados de Seguridad. Sin embargo no todo el control de la Oferta fue separado de la Secretaría.  El área de precursores químicos siguió bajo su órbita.

           Molina levantó la bandera de un Nuevo Paradigma del cual ya he hablado y definió  al Consumo de Drogas como un problema de “Salud Social” (aunque no profundizó nunca en el contenido de esa definición), diferenciándose del enfoque que había ganado terreno, el de “Salud Mental”.




          En una reunión de la Cicad-Oea de 2014 Molina expresó: “Consideramos a las adicciones no solo como un problema de Salud Mental, sino como un problema de Salud Social, que es un enfoque mucho más amplio, con eje en la persona, su entorno y su proyecto de vida[xlvi].

          Sin embargo el cambio de perspectiva no fue producto de una discusión al respecto, sino que ocurrió solo por la llegada de una nueva gestión a Sedronar, en un momento donde la avanzada de Salud Mental reclamaba para sí la temática.

          De todas maneras el intento de integrar bajo la Salud Social, al problema del consumo de drogas ayudó a tomar distancia del enfoque exclusivista de Salud Mental  llevando la estrategia de intervención a un campo más amplio.

          El nuevo planteo significó una buena noticia para el sector de las ONGs ligadas a Fonga, que trabajan en Prevención y/o Asistencia, y  que venían descalificadas en la visión del enfoque de Salud Mental, ya que para éste último las ONGs históricas reflejaban un Viejo Paradigma que superar.

          Esto era comprensible desde el nuevo enfoque de Salud Mental. La limitación de Fonga es que de las 62 Organizaciones que hoy figuran en su Website[xlvii], casi la totalidad de ellas ofrecen tratamientos derivados del modelo de Comunidad Terapéutica Residencial.

           De igual manera la gran mayoría de los miembros de su Directorio dirige entidades cuya oferta más fuerte es también la Comunidad Terapéutica Residencial (ya sea tiempo completo o medio tiempo).  No representa esta Federación todavía a entidades con enfoques comunitarios y sociales más amplios en los cuales también se ha desarrollado amplia experiencia.

          Sin embargo estas ONGs brindan un tipo de servicio asistencial necesario para casos específicos, y que nunca pudo ser desarrollado con éxito ni sostenido en el tiempo por los organismos gubernamentales. Por lo cual la complementariedad Estados-ONGs en este campo, responde a una clara necesidad. Pues el Estado, mas allá de los servicios que desarrolló, siempre se vió necesitado de recurrir a algunas ONGs a fin de complementar las soluciones propuestas a la sociedad.
          
           Es curioso, pero en la práctica, las ONGs tradicionales descalificadas por Salud Mental por responder al Viejo Paradigma, tuvieron lugar en el Nuevo Paradigma de la Salud Social de la nueva  Sedronar.      

          Distintos dispositivos de acción territorial y Programas se anunciaron desde Sedronar en la nueva gestión en el marco de un programa llamado “Recuperar-Inclusión” que fue presentado por la presidenta Dra. Cristina Fernandez de Kirchner en abril de 2014, y que tiene como objetivo la creación en el país de 60 casas Educativo-Terapéuticas, y 150 Centro de Prevención Locales de Adicciones[xlviii], con una inversión de 1.993 millones de pesos.

          No existen antecedentes de un presupuesto semejante manejado por  Sedronar. Sin embargo al día siguiente de la renuncia de Molina, el 14 de mayo de 2015, salió a luz el reclamo de ONGs  donde Sedronar derivaba pacientes para tratamiento, en razón de que tenían deudas acumuladas  por parte de esta Secretaría  en más de cinco meses[xlix].

          Si bien hubo en la historia de Sedronar algunas demoras semejantes en épocas anteriores, llamó la atención que ocurrieran cuando Sedronar ostentaba un presupuesto para Prevención y Asistencia de casi $ 2.000 millones. En años anteriores, el presupuesto anual de Prevención y Asistencia giraba en torno a los $ 120 millones. 

         Otra característica de esa gestión fue  que los  programas y dispositivos de intervención territorial,  bajaban directamente desde la “Sede Central” de Buenos Aires a las provincias, sin relacionarse necesariamente con los organismos provinciales afectados a la misma temática. Generando en varios casos  Políticas Públicas en Paralelo en una misma jurisdicción.

          La de Molina fue una Política centralizada, y alejada del concepto de participación federal que la misma Sedronar durante años había alentado a través del CO.FE.DRO.  Las provincias se enfocaron solo como un  “territorio político” en el cual trabajar y no como  interlocutores  con los cuales diseñar, impulsar, fortalecer, y/o discutir acciones.  Sedronar funcionaba de  manera semejante a una  ONG de alcance nacional.

          Otro  aspecto a destacar fue  su alto perfil político-partidario, y un tipo de mensaje con fuerte contenido emocional y carismático, tendiente a crear  una  identidad institucional propia en los jóvenes convocados por Sedronar para trabajar en sus proyectos.

          No se priorizó ni  lo técnico ni lo académico, sino más bien lo vivencial  emocional y partidario. 

          Una clara señal de lo afirmado en el último párrafo, fue el perfil del funcionario que el cura Molina puso a  cargo de la “Sub-secretaría de Prevención, Asistencia, y Capacitación” de la Sedronar, el Sr. “Charly” Jacomet quien carecía de formación profesional o antecedentes de trabajo en adicciones, aunque tenía una ferviente militancia partidaria.

          Siempre esa Sub-secretaría  estuvo a cargo de funcionarios con formación profesional: psicólogos, médicos, sociólogos, etc. Se supone que  eso tenía sentido, pues se trataba de la Sub-secretaría con el mas alto grado de responsabilidad del país, en la toma de decisiones técnicas sobre el problema del consumo de drogas.

         
Política Pública en Consumo Problemático de Drogas...

Como se ve, la Política Pública en Consumos Problemáticos de Drogas fue creciendo e instalándose en la agenda nacional, de manera errante y muchas veces contradictoria. 

Como dije al comienzo de este escrito, mucho se discutió y discute sobre si Argentina es un País de Paso de Drogas, o de Consumo. Mas allá de la opinión que nos formemos sobre esto, lo que  queda claro  es que es la Política en Consumo de Drogas en Argentina,  la que puede ser definida como una Política de Paso. 

Funcionaros de Paso, no pueden mas que construir Políticas de Paso. En el sentido de no echar raíces, madurar, y crecer de manera coherente a fin de responder a las necesidades de la sociedad. 


Políticas...

Por eso, a la luz de este relato histórico realizado plantearé ahora algunos componentes que a mi entender debería tener una Política Pública sobre Consumos Problemáticos de Drogas en Argentina para que logre coherencia y responda a nuestra realidad socio-cultural.


1.- Enfoque de Derechos:

          Históricamente el Consumidor de Drogas ha sido un sujeto estigmatizado en el sentido que se ha puesto sobre él/ella una mirada prejuiciosa y negativa. Este hecho contribuyó  a entrampar al consumidor de drogas entre las definiciones de Delincuente, o de Enfermo.

          El Enfoque de Derechos implica una mirada distinta,  amplia y respetuosa, en la cual el acto de consumo por sí mismo no invalida a la persona ni la encasilla en esas definiciones.

          Se trata de desmontar desde las Política Pública la respuesta del “castigo” a la adicción, que ha sido la tendencia marcada por acuerdos internacionales y leyes de “drogas”, comenzados  a ser  cuestionados  desde fines de la década del 90.
          En  mayo de 2010 la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
          Drogas (CICAD) adoptó la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Entre los principios en los que se basa, la nueva Estrategia señala en primer lugar: “El pleno respeto al Derecho Internacional y a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, observando los principios de soberanía e integridad territorial de los Estados, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a las personas y de igualdad de derechos y respeto mutuo entre Estados” (OEA, 2010).
          Por su parte en setiembre de 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respaldó la Estrategia sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública, instando a los Estados miembros a que “continúen fortaleciendo su marco jurídico con miras a proteger los derechos humanos de las personas con trastornos debidos al consumo de sustancias y hacer cumplir eficazmente las leyes sin que ello tenga efectos negativos en la salud pública” (OPS, 2010)[l].
          En Córdoba, desde la Subsecretaría en Prevención de Adicciones (Sepadic) hemos considerado al Enfoque de Derechos como pilar en la fundamentación de la creación de  los  Centros de Integración Social (2012)  en los que trabajamos con consumos problemáticos de drogas.
          Decimos por ejemplo: “La directriz de estos Centros es el Enfoque de Derechos en tanto perspectiva para discernir el abordaje integral de cuestiones sociales, en el marco de las Políticas Públicas centradas en el ciudadano, y una nueva institucionalidad que promueva, garantice, y defienda los derechos humanos en los espacios territoriales y locales[li].
          Las últimas gestiones de Sedronar  del Dr. Bielsa y el Pd. Molina, y el paradigma de la nueva Ley de Salud Mental (Ley 26.657) implicaron un avance en la instalación del enfoque de Derechos Humanos por lo menos en el discurso político del campo de los Consumos Problemáticos en nuestro país. 

 Que dicho discurso sea transformador de prácticas dependerá del tiempo, la insistencia, la formación técnica y el respaldo político de quienes trabajan en terreno.
            Sin dudas esto ha implicado también un campo de tensión y búsqueda de nuevo equilibrio en relación a cómo traducirlo en las prácticas institucionales y de campo. Pero la discusión fue instalada y representa un avance que se debe pulir, adaptar y profundizar.

2.- Enfoque Reformista:
           Llamamos Enfoque Reformista a aquel que se propone como alternativo al
         Enfoque Prohibicionista. Este cambio de mirada tiene profundas implicancias en la construcción de una Política Pública sobre Drogas.

          La mirada prohibicionista ha reaccionado ante las drogas de acuerdo a la categorización consensuada de “Drogas Legales y Drogas Ilegales”. Esa era la matriz diferencial desde donde se construían las respuestas al problema.

          Durante mucho tiempo por ejemplo la Política de Sedronar problematizaba solo el consumo de drogas ilegales, obviando los problemas que ocasionaba el uso de Tabaco, Alcohol y Psicofármacos. A partir de la creación del área de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud, y su avanzada sobre la tarea de Sedronar ya comentada, la “epidemia del alcohol” tomó protagonismo y el tema del alcohol se integró  en la agenda. Significó un avance a nivel Nacional.

          La mirada Reformista no clasifica las drogas según su legalidad o ilegalidad a la hora de construir una Política Preventiva, aunque si las distingue según su toxicidad y usos culturales.

          En relación a los Usos de Drogas, la mirada Reformista entiende que si bien todos los usos implican riesgos, no todos ellos resultan problemáticos. No se reconoce como al Abstencionismo como la única alternativa. Por lo tanto las estrategias de acción en prevención, asistencia, y reducción de daños, se amplian. Lo cual implica un cambio esencial en la definición del consumidor de drogas.
         

3.- Separación de Oferta y Demanda.

          La primera gran división en torno al fenómeno de las drogas debería ser la separación de los discursos e instituciones públicas que trabajan en lo que es problema de la Oferta y el problema de la Demanda.

          La Oferta, que se refiere a cuestiones vinculadas al Narcotráfico y Lavado de Dinero,  debe ser abordada por el área de Seguridad de los organismos estatales y por organismos Administrativos y de Control.

          Estos últimos deberían asumir un papel Regulador de aquellas sustancias que han penetrado culturalmente en la sociedad y sobre las cuales la Prohibición no ha tenido resultados satisfactorios, sino contraproducente por generación de daños asociados.

          La Regulación no implica un mercado libre, sino el sometimiento a un control estricto, como la prohibición de publicidad, sanción por venta a menores, y determinación de espacios y momentos de uso.  Esta alternativa permite la desestimulación del consumo por parte del Estado, a la vez que la tolerancia a una comercialización legal que minimice el mercado negro y la violencia ligada a la comercialización[lii]

         Como sabemos la es oferta de Marihuana la que se encuentra hoy en experimentos de Regulación en distintos Estados. El alcohol, tabaco, y psicofármacos están hace tiempo en el marco Regulatorio aunque es necesario realizar todavía varios ajustes en nuestro país.

          Asimismo lo referido al tema de la Demanda de drogas, debe estar vinculado a un área que articule principalmente con los sectores de Gobierno dedicados a la
Salud, la Educación,  Desarrollo Social, y Trabajo. Debe ser una política construida transversalmente a estos áreas temáticas, y también a los niveles jurisdiccionales de gobierno.

          Un punto crítico en esta división, es el representado por la llamada Venta al Menudeo, la cual si bien es el último eslabón del narcotráfico, tiende a estar constituido por sectores sociales vulnerables, la mayoría jóvenes y mujeres, muchas veces consumidores, y en continua mutación y expansión.

          La venta al Menudeo es entonces un problema que no solo debe afrontarse con la respuesta represiva del Estado, sino que la misma debe acompañarse con intervenciones que faciliten la inserción social o educativa, y con oferta de alternativas terapéuticas en caso de ser necesario.

          Esto es así porque la reincidencia en el narcomenudeo tiende a ser alta, ya que muchas veces es lo “único que la persona sabe hacer” y porque también una vez quitado un individuo  del circuito de la venta por la justicia, ese espacio es de muy rápida sustitución[liii]

          Otro punto en común está dado por los delitos leves cometidos a causa del  consumir drogas y que llegan a la Justicia ordinaria.

          Existe en este aspecto un dispositivo interesante, promovido por la CICAD OEA, denominado Tribunal de Tratamiento de Drogas[liv], definido como una alternativa para que los sistemas judiciales traten a infractores dependientes de drogas.

          En este caso también se propone un mix entre la oferta de tratamiento (intervención sobre la demanda) y la penalización de la infracción (intervención sobre la oferta).


4.- Universalidad de la Política en Consumos de Drogas.

          ¿Quiénes deben ser los sujetos hacia los que se dirigen las Políticas Públicas en Consumo de Drogas?  La respuesta no es un sector de la población, sino toda la población en general. Las Políticas sobre Consumo de Drogas deben ser Universales, aunque luego se apliquen programas a poblaciones Focalizadas.

          En este sentido sabemos que Latinoamérica se ha convertido en la región más desigual del planeta[lv], dato clave para entender la necesidad de construcción de Política Sociales Universales y Focalizadas a la vez.

          Por ello el concepto de Inclusión Social, históricamente promovido por la Unión Europea, y que pasó a integrar la agenda de los países Latinoamericanos que buscaban diferenciarse de su etapa neo-liberal de los años 90, pasó a ser un concepto clave para cualquier Política Pública a partir del nuevo siglo.

       
   Ahora bien, toda Política focalizada en Consumos Problemáticos, debe incorporarse dentro de una Política Pública más amplia que favorezca la Inclusión Social y la promoción de los derechos que se desprende de aquella.

          Pero sería minimizar el problema entender que el consumo de drogas se resuelve solo con  Inclusión. O lo que es lo mismo, decir que la Exclusión Social genera adicciones[lvi]. Otra variable de la Estigmatización al fin de cuentas.

          No existe un acuerdo de cómo medir la Inclusión Social de manera objetiva. Sin embargo, hay algunas categorías que pretenden acercarse a esto. Un indicador posible es el llamado Indice de Desarrollo Humano.

          Sabemos que en los países con más alto Indice de Desarrollo Humano (IDH) el consumo de drogas es mayor que en aquellos donde el índice es bajo. Es decir que  la evidencia indica es que  mayor inclusión social, mas consumo de cualquier “bien” de mercado, incluidas  las drogas.

          Un estudio sobre este tema realizado por especialistas de Universidades Europeas, Latinoamericanas, y pertenecientes a Organismos Internacionales en tema Adicciones concluye:
              Un IDH alto implica que los habitantes de un país tienen una vida larga y saludable, mayor acceso a la educación y un estándar de vida satisfactorio. La población con una puntuación favorable en estos indicadores no sólo está expuesta al consumo de drogas, sino que también es usuaria activa de éstas. Cuanto mayor Índice de Desarrollo Humano, mayor es la prevalencia de consumo de drogas, lo que indica que si bien el índice de desarrollo humano refleja mejoras en la economía o bienes materiales, no necesariamente se traduce en valores humanos para la persona o la sociedad y no garantizan una buena calidad de vida o el bienestar[lvii].

          Sin embargo sabemos que la situación de Exclusión social expone a los ciudadanos a situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento social  en los que los daños asociados a las drogas tienen mayor impacto y son más destructivos. Es lo que se observa en la división internacional: el “primer mundo” consume más drogas pero el “tercer mundo” experimenta mayores daños.

          Por ello  la Política Pública en Consumos Problemático, en países tan desiguales como los nuestros,  debe ser Universal y dirigida por igual a toda la población, pero a la vez con distintas estrategias de Focalización.  


5.- Visión Federal.

          Argentina es por declaración un País Federal, aunque en la práctica en  tensión con el centralismo del gobierno nacional radicado en Buenos Aires . Tensión que se manifiesta en varios frentes. Solo con ver la distribución de recursos en nuestro país se tiene cabal idea de lo dicho: el 74% de los recursos federales son hoy administrados por Nación, y solo el 26%  restante son repartidos entre las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Bs. As.

          De hecho las autonomías provinciales en nuestro país, anteceden al nacimiento de nuestra nación.

          Por otro lado Argentina es un país de diferentes idiosincrasias y expresiones culturales, debido a su historia y a su geografía. De ahí la importancia de consensuar Planes Federales en Política Pública en Adicciones.

          Esto no significa que Nación deba renunciar a su papel rector en la determinación de lineamientos de principios generales propios de una Plan Federal,  pero en su tratamiento y  aplicación debe jerarquizarse la mira local.

         
 Por otra parte, como ya lo comentamos, las provincias tienen sus propias áreas dedicadas a la problemática de consumo de drogas. Muchas desarrollaron sus propios programas, sus dispositivos locales, contando con un plan de acción.  

        Debería ser tarea de una Política Pública nacional el retomar esas experiencias, valorarlas, e integrarlas en la visión de un Plan Federal.El ya citado Co.Fe.Dro tenía esa Misión, la de constituirse en una mesa interprovincial interlocutora de la Política Nacional. Argentina cuenta con variadas experiencias al respecto. Hay mesas interprovinciales en temas como los de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia, la hay en Salud Mental, en Educación, en Discapacidad, etc. Pero dejó de haberlas en Políticas de Drogas.

          El cambio que la Política Pública de Nación en materia de adicciones realizó a partir del año 2013 implicó suplantar un Plan Federal en el cual las provincias tenían participación creciente, por un Programa Nacional centralizado y que "baja" a las provincias desde un gobierno centralista.  

          Fue un cambio innecesario, pues si bien el Programa incluyó perspectivas esperadas y dispositivos valiosos, implicó una “bajada” del gobierno central acompañada de una invisibilización de los aportes que las provincias podían hacer hacia “arriba” o hacia sus pares.

          Por último, el diseño de una Política Federal, también debe incluir en su armado el aporte de la Sociedad Civil y sus distintos sectores.


6.- Enfoque de Salud Pública:

          Si sobre algo se ha avanzado y existe amplio consenso en los que hoy trabajamos en problemas vinculados a las Políticas Públicas en Adicciones es en que éste ha dejado hace tiempo de ser un problema de Seguridad, para pasar a ser visto como un problema de Salud Pública.[lviii]

          La Salud Pública es un enfoque que integra a la Salud Física, Salud Mental, y Salud Social, y que hace referencia a acciones claves que competen al Estado en su búsqueda por el bienestar común en materia de Salud Integral.

          Su alcance es amplio, comprendiendo desde la Promoción y Prevención, la Detección Temprana y la Atención Primaria, para llegar a la Rehabilitación, Inclusión Social, y Reducción de Daños.

          Por otra parte es un enfoque que implica construcciones transversales en la esfera gubernamental, en donde el sector Salud, Educación, Trabajo,  Desarrollo Social, y Justicia deben articularse. Incluyendo también al llamado Tercer Sector y al Sector Privado.

          Por eso al área que intervenga en la temática de Consumos Problemáticos debería ser Intersectorial por definición. La figura de una Secretaría como es  Sedronar, dedicada solamente al problema de la Demanda de Drogas se constituye así en una buena plataforma para el desarrollo de una Políticas en Salud Pública de este tipo. Encuadrarla solo como un problema de Salud Física, Mental, o Social es de alguna manera limitarla y sesgarla.
         
          La programática que se despliegue en el tema Consumos Problemáticos debe planificarse en Base a la Evidencia Científica[lix]. Para el cual debe contarse con  un instrumento de perspectiva macro y focalizado a la vez,  como lo es el Observatorio Argentino  Sobre Drogas el que comentamos tuvo un buen desempeño aunque interrumpido.

           Más allá de los datos propios con que Argentina cuente, es importante pertenecer también a un sistema de información regional, a fin de que podamos comparar la situación de nuestro país con países hermanos.

          Por su parte las Provincias deberían poner en su agenda de presupuesto y trabajo el tema de la información epidemiológica actualizada, de tal manera que permita la comparación de cómo el fenómeno del consumo de drogas se distribuye  entre las distintas regiones del país.  

          Por último, habría que apuntar a que dicho Observatorio supere la mirada epidemiológica, incluyendo otras perspectivas macro, como la economía, política, antropología e historia.

          Así estos insumos teóricos nos ayudarían a dar los pasos necesarios hacia la construcción de una Ecología de la Política Pública sobre Drogas en Argentina.


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Citas Bibliográficas




[i] Manzano V. Politic, Culture and the “Drug Problem” in Argentina 1960-1980. Apuntes de investigación del  CECYP. Año XVII N 24. Buenos Aires.
[ii][ii] Idem.
[iii] "Alfonsín sobre el narcotráfico. Buscan la paja en el ojo ajeno" y "Visiones desde el Norte y el Sur. El color del cristal con que se mira", por Rubén Furman, Página /12, 28 de junio de 1988.
[iv] Diario Le Monde. Francia. 26/10/2004. En línea en
[v] Grimsom W. Enfoques del Consumo de Drogas en Nuestro País. Fundación de Prevención Social. En línea en http://www.fundaprevsoc.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78:enfoque-del-consumo-de-drogas-en-nuestro-pais&catid=3:reflexiones&Itemid=9. Buenos Aires. 2012.
[vi] Grimson W. Lucha Contra La Droga. Diario de Cuyo. En línea: http://www.diariodecuyo.com.ar/home/not_imprimir.php?noticia_id=383149
[vii] Galante, A; Rossi D, Pawlowicz M, Ralón G. “Del Adicto Recuperado al Operador Socio-terapéutico: La importancia de la intervención estatal en los proceso de profesionalización”. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires. 2013
[viii] Alfonsín R. Le Temo al Narcotráfico. Diario El Tiempo. Colombia 1996. En línea http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-598199
[ix] Arueano G.  Le construction politique du toxicomane dans l'Argentine post-autoritaire.Un cas de citoyenneté à basse intensité. Universidad de Montreal 1997.       
[x] Raiden M. “Razón, Verdad, y Experiencia en Prevención de Adicciones. Análisis de la Retórica Preventiva del Programa Nacional Quiero Ser”. Tesis en Flacso. Buenos Aires 2012. En línea: http://www.margen.org/tesis/Tesis_Raiden.pdf
[xi] Weissman P. “Toxicomanías: Historia de las Ideas Psicopatológicas sobre Consumo de Drogas en Argentina” Univ. Nac. de Mar del Plata. 2005 
[xii]  Letra del tema: “Los Salieris de Charly”. Mensajes del Alma. León Giego. Sello EMI 1992. Buenos Aires.
[xiii]  “Silvia Alfonsín: La Lucha contra la Droga de la Hermana del Presidente Argentino. Diario El País 8/12/87. Madrid.  En Linea: http://elpais.com/diario/1987/12/08/radiotv/565916409_850215.html  ”
[xiv] Mansilla J.C. Las Drogodependencias en Argentina. Instituto de Estudios en Adicciones (IEA). España 1998. En línea http://www.lasdrogas.info/opiniones/4/las-drogodependencias-en-argentina.html
[xv] Kornblit, A.L. Nuevos Estudios sobre Drogadicción. Ed. Biblos. Buenos Aires 2004.
[xvi] Míguez Hugo Consumo de Alcohol y Drogas de Jóvenes en Buenos Aires. Acta Psiquiátrica de América Latina. Vol 40 N°3 Buenos Aires. 1994.
[xvii] Citado por Pasquini G y De Miguel E. en Blanca y Radiante. Ed. Planeta Bs As. 1995.
[xviii] Idem
[xix] Idem.
[xx] Corda A. Galante A. Rossi D. En “En Busca de los Derechos. Usuarios de Drogas y las Respuestas Estatales en América Latina”. Art. Personas que Usan Estupefacientes en Argentina. Una Matriz Prohibicionista-Abstencionista. Colectivo de Estudios Droga y Derechos. México 2014
[xxi] Citado por Arueano G.  Le construction politique du toxicomane dans l'Argentine post-autoritaire.Un cas de citoyenneté à basse intensité. Universidad de Montreal 1997
[xxiii] Raiden M. ob. cit.
[xxiv] Del Frade Carlos. “El Origen del Poder Narco en Santa Fe”. Agencia de Noticias Pelota de Trapo. 5 de enero 2015. En línea: http://goo.gl/xJbn4e 
[xxv] Chawla S. Examen de la Situación Mundial del Cannabis. Boletín de Estupefacientes Vol. LVIII, Num 1 y 2, Of. de las Nac Unidas contra la Droga y el  Delito. Viena.  2006
[xxvi] Calzada J. Una Nueva Política de Drogas es Posible. Realidades y Desafios del Caso de Uruguay. Fes-Seguridad. 2012. En línea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09304.pdf
[xxvii] Obras Sociales Ley 24455. Información Legislativa. En Linea: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=14919
[xxviii] Informe 57° Sesión. “Consumo de Drogas en las Américas”. Abril 2015. CICAD-OEA. En línea http://1drv.ms/1c0kumU
[xxix] Brawerman, J. y col.   “Evaluación del Programa de Prevención Integral sobre el Uso Indebido de Drogas en el Ámbito Educativo Quiero Ser”. Observatorio Argentino de Drogas. Buenos Aires. 2011.
[xxx] Singer, I; Esteve De Lorenzi, L; Mirhazhi, A, y Equipo técnico de Sedronar. “Manual del Docente QUIERO SER. Sedronar. Buenos Aires. 2014.
[xxxi] “El Congreso ya Discute el Nuevo Paradigma”. Diario Página12. 28 de Mayo de 2010.
[xxxii] “Los que Critican la Despenalización”. Diario El Cronista Comercial. 14 de Mrzo 2008.
[xxxiii] Bielsa Rafael. Discurso de Apertura de la Primera Asamblea del COFEDRO-Sedronar. Tucumán. Mayo de 2012.
[xxxiv] Idem.
[xxxv] O´Donnell, I. El Problema Mundial de  las Drogas. El Debate Internacional sobre el Paradigma. XIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales Federales y Nacionales de la Rep. Argentina. Mar del Plata. Setiembre 2012.
[xxxvi] Sedronar. “Estatuto del COFEDRO” Documento de circulación interna de 1997. Buenos Aires.
[xxxvii] Sepadic. I Plan Provincial sobre  Adicciones. Córdoba 2010. En Linea http://1drv.ms/1pmjiMs
[xxxviii] Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Decreto 623/96 de Presidencia de la Nación.  En línea: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37570/norma.htm
[xxxix] “Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control de Tráfico Ilícito de Drogas 2012-2017”. Sedronar-Cofedro. Documento Provisorio.  Buenos Aires. 2012. En línea:  http://1drv.ms/1GuhGbM
[xl] Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. “Creación del Programa Nacional de Abordaje Integral Para la Prevención, Capacitación, y Asistencia de las Adicciones”. Resolución 172/2014 En Linea en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/229162/norma.htm
[xli] Diario Página 12. “Molina Renunció a la Sedronar”. 14 de mayo de 2015. En línea en: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-272683-2015-05-14.html
[xlii] “Sedronar inauguró la Asamblea General del Cofedro en la Jefatura de Gabinete”. Bs As. Noviembre 2013.  En línea: http://www.telam.com.ar/notas/201311/39696-sedronar-inauguro-la-asamblea-general-del-cofedro-en-la-jefatura-de-gabinete.html
[xliii] Idem.
[xliv] Molina JC. Nota de compromiso a llamar a la Asamblea Nacional del Consejo Federal de Drogas, que nunca se cumplió. En Linea: http://1drv.ms/1EuPUYN
[xlv] Dirección de Salud Mental y Adicciones. Presentación Institucional. En línea en http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php/institucional/ique-es-la-dnsmya
[xlvi] “El titular de la Sedronar dijo ante la OEA que las adicciones son un problema de Salud Social”. Diario La Capital. 2 de mayo de 2014. En línea: http://goo.gl/GjtRi3
[xlviii] “Una Sociedad Inclusiva es una Sociedad que se Hace con Todos”. Web de Cristina Fernandez. En línea: http://www.cfkargentina.com/cfk-en-twitter-lanzamiento-recuperar-inclusion/
[xlix] Infobae. “Denuncia que Sedronar no paga los Subsidios para Adictos”. En línea: http://www.infobae.com/2015/05/16/1729110-denuncian-que-la-sedronar-no-paga-los-subsidios-adictos
[l] Touzé Graciela. “El Derecho a la Salud y a la Integridad de los Usuarios de Sustancias Psicoactivas”. Curso On line: Sistema Integral e Integrado de Atención Social y Sanitaria a la Dependencia de las Drogas desde Atención Primaria. Copolad. España. 2013
[li] Mansilla JC y otros. “Centros de Integración Social – Documento Base” Sepadic. Córdoba. 2012 En línea en: http://1drv.ms/1JGirii
[lii] Comisión Asesora para la Política Pública de Drogas en Colombia. “Lineamientos para una Política Pública frente al Consumo de Drogas”. Bogotá. Mayo de 2013
[liii] Zamudio Angles C. “Jóvenes en el Narcomenudeo: el caso ciudad de México” Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. Flacso sede Ecuador. N 13. Junio 2013
[liv] Cicad.Oea. “Tribunal de Tratamiento de Drogas. Una respuesta Internacional para Infractores Dependientes de Drogas”. OEA. EEUU. 2013
[lv] Mansilla J. “Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Una Mirada desde las Cultura Juveniles”. Congreso sobre Mujeres y Población Carcelaria. Granada España. 2008. En línea: http://1drv.ms/1GR5YL3
[lvi] Mansilla J. C.  “Prevención de la Drogadependencia  y el Alcoholismo, en Comunidades de Excluidos Sociales”. VI Seminario Drogas y Cooperación. Riod. Antigua – Guatemala. 2003.
[lvii] Salazar Silva, F. y otros. “Relationship between human development and drug use. Human development index and drug use”. Revista Salud Mental, 2014. 37:35-39. España
[lviii] Pemjean A.  “En Enfoque de Salud Pública Aplicado al Abordaje de los Problemas por Consumo de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas”. Sistema Integral e Integrado de Atención Social y Sanitaria a la Dependencia de las Drogas desde la Atención Primaria. Curso On-Line. COPOLAD- U.E. 2013
[lix] Comisión Asesora para la Política Pública de Drogas en Colombia. “Lineamientos para una Política Pública frente al Consumo de Drogas”. Bogotá. Mayo de 2013.